Lic. Olga Alicia Castro Ramírez
Delegada del INE en Zacatecas
Zacatecas, Zac.-Una de las atribuciones más relevantes que la reforma constitucional en materia electoral otorgó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral ve la luz con el primer proceso de selección de consejeros presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales. La designación fue hecha el martes 30 de septiembre, fecha límite regulada por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los desafíos a los que se enfrentaron los 11 consejeros y consejeras del INE fueron diversos; para iniciar, hubieron de construir un mecanismo objetivo, eficiente y transparente que generara confianza, ya no digamos a los actores políticos sino, antes bien, a la ciudadanía, de tal manera que se pudiera estimular el interés y la participación de profesionales con formaciones diversas, llamados a contribuir con su capacidad y compromiso en el arbitraje electoral y garantizar con su actuación la organización de elecciones igualmente confiables, libres de injerencias indebidas de actores políticos que son ajenos a la contienda pero con intereses directos en el resultado de la elección. La independencia e imparcialidad han sido los temas clave de esta nueva designación de consejeros electorales a cargo del INE.
El procedimiento, aunque imperfecto, logró consenso y confianza y generó expectativas positivas para su primera instrumentación. No estuvo exento de objeciones, particularmente el que fuera un examen de conocimientos técnico electorales el primer filtro para definir a 25 mujeres y 25 hombres que entrarían a las subsecuentes etapas para definir a 7 consejeros. Se pensó que en esas circunstancias el procedimiento llevaba un sesgo de origen: solo tendrían posibilidad de acceso a tales cargos quienes ya tenían una trayectoria en órganos electorales. El riesgo visto en ello es que ingresarían funcionarios cuestionados en las entidades federativas, precisamente por su vinculación con gobiernos y partidos políticos y la ausencia de imparcialidad en el arbitraje electoral, justo lo que buscó resolver la reforma con el cambio de método de selección.
Efectivamente, la convocatoria pública y abierta a toda la ciudadanía no evitó que se inscribieran personajes con trayectoria laboral vinculada a poderes públicos e institutos políticos. Los primeros dos filtros (examen y elaboración de ensayo) no evitaron que siguieran en el proceso. Pero si hubo espacios para que ciudadanos con interés legítimo y los representantes de los partidos políticos objetarán su inclusión en la etapa final de valoración curricular y entrevistas. Podemos asegurar que el acceso a las primeras dos etapas dependió enteramente del esfuerzo e interés de los participantes, puesto que fue su conocimiento de los temas que son exigidos en el perfil de Consejero y su capacidad para ordenar ideas coherentes a partir de un entendimiento íntegro del sistema político y electoral, además de delinear sus dilemas y las posibles soluciones ante el planteamiento de un problema determinado, lo que les permitió estar en la competencia.
A partir de allegarse de todos los elementos de información y análisis que tuvieron a su alcance, incluidas las observaciones hechas por los partidos políticos, los siguientes filtros fueron entera responsabilidad de los consejeros y consejeras del INE. Ellos, comprometidos con la institucionalidad y el fortalecimiento democrático, dedicaron todo su tiempo, esfuerzo y capacidad para procurar la mejor integración de cada consejo general de los 18 organismos públicos locales. Aun antes de la sesión donde se aprobaron las designaciones, hubo modificaciones que atendieron a declinaciones y detección de factores que vulneraban la adecuada integración de tales autoridades.
Pero las críticas no se hicieron esperar. Hay que decirlo, los partidos de oposición externaron acusaciones sobre algunas conformaciones de organismos públicos locales a partir de una presunta afinidad al partido en el poder. No obstante, en la discusión solo hubo objeciones a tres o cuatro personas específicas, de un total de 126 a quienes se estaba proponiendo como consejeros presidentes y consejeros electorales. Aun las críticas a ciertos personajes requieren un análisis serio para descalificarlos como funcionarios electorales de los OPLE’s.
Sin embargo, no podríamos ignorar las críticas hechas por los partidos políticos. Nos guste o no, tengan razón o no, ellos hacen opinión pública y podría contagiarse a la ciudadanía de ese cliché de que las cosas cambiaron para seguir igual. Aseguro, categóricamente, que no es así; las cosas han cambiado y con ello mejoraron sustantivamente. Hay críticas de partidos que son genuinas en verdad, que atienden a una preocupación real sobre la parcialidad con que pudieran conducirse algunos consejeros electorales locales, pero también debemos tener claridad que hay discursos incendiarios que buscan amedrentar a las autoridades electorales, mermar su actuación y hacerla frágil frente a intereses de los grupos políticos. Diferenciar la sana crítica de la crítica interesada ahora estará en el talante de los designados consejeros presidentes y consejeros electorales.
Pero hay un blindaje construido a su alrededor. No tienen deuda con nadie por el cargo que ahora ostentan, tienen sí, un compromiso y una magna responsabilidad frente a la sociedad que espera que sean un factor de contención de los intereses desmedidos de algunos actores políticos. Serán acompañados en su actuación por el INE y fortalecidos con su experiencia para la estandarización de la calidad de los procedimientos que tendrán bajo su responsabilidad. Solo su desempeño profesional e imparcial les garantizará inamovilidad en el cargo, ya no dependerá de humores o simpatías de los poderes públicos o partidos políticos, aunque no les asegura, para después, un cargo público y mejores o grandes remuneraciones. La imparcialidad tiene sus costos y deben estar dispuestos a pagarlos.
El mejor blindaje es el acompañamiento ciudadano. Vigilarlos de cerca y auditar su desempeño no es signo de desconfianza, es el mejor respaldo que la sociedad puede darles y, así, los blinda de ceder a presiones, chantajes e intereses ajenos a la convivencia democrática.
