Zacatecas, Zac.- La presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, dio a conocer que se hizo una revisión integral a los separos preventivos de los 58 municipios del estado de Zacatecas, encontrando que más de 60% tienen condiciones inadecuadas en infraestructura, mientras que un alto porcentaje no tiene puertas y ventanas adecuadas que impidan se pueda a cometer suicidio en las mismas.
“Encontramos que muchas no tienen áreas específicas para la detención de mujeres ni tampoco para jóvenes menores de edad; encontramos también que la mayoría no tiene Reglamento de Separos Preventivos ni Protocolo de Actuación que permitan que cuando una persona sea detenida por la presunta comisión de alguna violación a la norma administrativa sea atendido de manera adecuada”, especificó.
De igual manera, señaló que se encontraron también que en ninguno de los municipios hay la posibilidad de que las personas puedan ser asistidas en materia jurídica, es decir, que no hay un defensor público que pueda asesorarlos y defenderlos respecto de la imputación que le está haciendo las autoridades municipales.
“Encontramos también que la imposición de sanciones por parte de los jueces comunitarios son de manera general y en muchas ocasiones también discrecional, puesto que no hay una normativa municipal que señale de manera puntual cuáles son las cantidades que por concepto de multa corresponde por la comisión de alguna infracción a la norma municipal.
Por lo tanto, consideramos urgente el que se legisle a través de una reforma a la ley de justicia comunitaria para que sean los ayuntamientos a través de las direcciones de Seguridad Pública Municipal quienes cuentan con una persona conocedora del Derecho, es decir, un abogado que esté atento en las instalaciones de los separos preventivos para que cuando llegue una persona a la que se le haya hecho una imputación por parte de algún elemento se le explique de manera puntual y tenga la posibilidad de defenderse”.
Por lo tanto, advirtió, “hay una vulneración al derecho, por lo que en la semana estaremos llevando la reforma a la Ley de Justicia Comunitaria a la Legislatura para que sean los legisladores quienes la analicen y en su caso puedan resolver”.
Domínguez Campos advirtió que “derivado de estas irregularidades se han cometido suicidio en los separos”. De 2008 a la fecha han muerto 14 personas en los separos preventivos fundamentalmente a través del suicidio, la última persona que murió fue en los separos preventivos de Zacatecas, en las anteriores instalaciones, y precisamente fue un suicidio llevado a cabo a través de los barrotes de la propia puerta de la celda.
Por lo tanto, consideró urgente e importante que se establezcan en cada instalación de separos preventivos un circuito de videograbación que permita monitorear a las personas que están detenidas y que cuando observen conductas que pudieran generar un posible suicidio sean atendidas de inmediato.
Se observó, además, que en 55 municipios no se cuenta con médicos que puedan certificar el estado de salud en que llegan las personas detenidas, porque muchos de los suicidios se han dado precisamente porque vienen en estado de ebriedad o por haber consumido algún tipo de enervantes. “Por consiguiente, consideramos que es fundamental que en cada separo preventivo exista un médico que certifique el estado de salud de las personas y que cuando lleguen en estado de ebriedad o bien con algún efecto de alguna droga puedan ser remitidos algún hospital para atención médica. Con ello se podrá no solamente salvar su vida y garantizar su salud, sino también evitar un suicidio o alguna muerte por este tipo de circunstancias de intoxicación”.
Sobre un defensor de oficio, sostuvo la presidente que la ley señala de manera específica qué puede el ciudadano que ha sido detenido por los elementos policiacos llamarle alguna persona de su confianza; sin embargo, esa persona de su confianza, muchas veces su papá, su mamá, su hermano, un tío o un familiar, no es conocedora del Derecho.
Por lo tanto, aunque sí tiene la posibilidad de hablarles por teléfono y acudir con ellos, no tiene las capacidades jurídicas para realizar una adecuada defensa; por ello la importancia de que exista esa obligación en la propia Ley de Justicia Comunitaria y que sea respetada por parte de los ayuntamientos y los presidentes municipales.
“Estamos por entregar una recomendación general en los próximos días a los presidentes municipales e integrantes de los ayuntamientos, y de manera individualizada se le entregará una cédula a cada presidente municipal señalando cuáles son las observaciones en torno a esta investigación, verificación que hizo la CDHEZ y también estaremos abordándolos de manera indirecta para conocer en cuánto tiempo podrán ir solventando estas observaciones”.
Sin embargo, dijo que hay municipios que no han puesto el énfasis para superar la problemática como es el caso de Cañitas de Felipe Pescador y Nochistlán, dónde las instalaciones de la policía municipal, de los separos preventivos, están en condiciones francamente deplorables: “yo acabo de realizar la visita de manera personal hace apenas unos días para constatar el estado en que se encuentran y es verdaderamente lamentable”.
Además de los abogados defensores y médicos, habló Luz Domínguez de personal de psicología, personal de prevención del delito y personal jurídico, de modo tal que estas personas puedan ser en su caso sometidas a un proceso jurídico atendiendo a las reglas del debido proceso de la adecuada defensa y que de ese proceso se puedan instaurar sanciones de manera adecuada conforme a la ley, sea la sanción una multa o el arresto hasta por 36 horas y, si es así, que ese arresto sea en condiciones de dignidad, porque muchos ni siquiera tienen sanitarios o, si tienen, no cuentan con agua potable que permita el adecuado funcionamiento.
