Por un Sistema Nacional Anticorrupción fortalecido

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Zacatecas, Zac.-Entre todas las cosas que ocupan (y preocupan) a las y los mexicanos, la inseguridad y la corrupción son los dos principales problemas a los que diariamente nos enfrentamos. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, presentados por México Elige en agosto de 2022, la inseguridad y la corrupción representan el 41.8% de las preocupaciones de las personas consultadas.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer para combatir la corrupción? Hace unos años, en 2015 para ser exactos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó diversas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se integra por siete entidades: el Comité de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del que tengo el honor de formar parte desde hace ya dos años.

En estos primeros años de operaciones, el SNA ha creado el andamiaje institucional para funcionar, una política nacional y 26 políticas estatales[1] (9 estados, entre ellos Zacatecas, están en fase de implementación) y desarrolló la Plataforma Digital Nacional, una herramienta de inteligencia que permite conocer la evolución patrimonial de los servidores públicos, las denuncias públicas de faltas administrativas y la información pública de contrataciones, entre otras cosas, y que está abierta para consulta general, salvo en casos donde la información requerida tenga carácter reservado y confidencial, donde solo podrán acceder los servidores públicos que cumplan con los perfiles aprobados por el Comité Coordinador del SNA[2].

Sin embargo, no solo es necesaria una mayor integración de los grandes sistemas, sino también la participación de las dependencias e instituciones de gobierno que, aunque no tienen entre sus funciones el combate a la corrupción, sí cuentan con el deber moral de sumarse a los trabajos. Por ello me parece relevante que 22 instituciones, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se involucren en la tarea, tal como informó el periodista Rafael Montes en MILENIO[3].

De acuerdo con la información reciente, las dependencias ejercerán 6 mil 589 millones 177 mil 802 pesos en tareas enfocadas de manera exclusiva en el combate a la corrupción, lo que significa un incremento presupuestal del casi 90 por ciento en comparación con el 2022, cuando a 10 instituciones se les destinaron más de 3 mil 532 millones de pesos.

Con la participación de un mayor número de instituciones podemos avanzar, desarrollar indicadores, prevenir actos de corrupción y un largo etcétera. Resta, por supuesto, el seguimiento adecuado para saber si se cumplen o no los objetivos.

Creo que esta propuesta de corresponsabilidad institucional es positiva y que mientras más actores estemos involucrados en el proceso será más fácil advertir que el combate a la corrupción es una apuesta sistémica y no un tema de arengas y decretos. La estrategia de combate a la corrupción sujeta siempre a mejora, debe apostar por instituciones y no necesariamente por actores políticos.

@JulietDelrio

[1] https://www.sna.org.mx/politicas-estatales-anticorrupcion/

[2] https://www.plataformadigitalnacional.org/

[3]https://www.milenio.com/politica/comunidad/sep-inmujeres-conacyt-sumaran-tareas-anticorrupcion-2023

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