Más violencia y menos justicia, saldo de su gestión

Por: Anayeli Garcí­a Martí­nez

A la ola de violencia contra las mujeres durante el gobierno de Felipe Calderón se sumó la falta de acceso a la justicia para las mexicanas.

Violencia e impunidad fueron los signos que marcaron a la gestión de Felipe Calderón, y cuyos saldos se reflejan en los altos í­ndices de asesinatos y desapariciones de mujeres, el elevado número de casos de violencia intrafamiliar, y la ausencia de castigo para los agresores.

Y es que durante el sexenio que recién concluyó el Estado mexicano  incumplió su obligación de atender las denuncias, investigar y en su caso sancionar la violencia de género, acusan expertas y organizaciones civiles.

Ante el feminicidio que dejó 7 mil asesinatos por razón de género, según un análisis de la Cámara de Diputados, las autoridades judiciales fueron incapaces de encontrar a los culpables, garantizar medidas para evitar la repetición del patrón de violencia, y de brindar justicia a las ví­ctimas y sus familias.

Sandra Serrano, profesora investigadora de Derecho Internacional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), advierte que los impartidores y operadores de justicia no terminan de entender, y por tanto no atienden, los delitos que se cometen contra las mujeres.

La especialista explica para la población femenina la impunidad es más acentuada porque hay una disparidad entre la violencia que viven las mujeres y la percepción que tienen las autoridades de estos hechos.

Aclara: “Cuando una mujer denuncia un acto violento, no se trata de una denuncia aislada sino de un contexto de violencia; pero los servidores públicos no lo consideran así­, y no ven el significado que tiene el hecho de que una mujer logre denunciar”.

Sí“LO PALABRAS

Al iniciar su administración, Felipe Calderón se comprometió a “castigar con todo el rigor de la ley” a quien violentara a una mujer.

No obstante, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011 reveló que por cada 100 mexicanas de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 47 han vivido situaciones de violencia emocional, económica, fí­sica o sexual.

Al hacer el balance de la administración panista, organizaciones civiles expertas en el tema, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), afirman que la estrategia de seguridad contra el crimen organizado implementada por Calderón favoreció el incremento de la violencia contra las mujeres, sin que se castigara a los responsables de ejercerla, pues muchos de estos asesinatos quedaron como parte de las “ví­ctimas colaterales” del esquema antidelincuencial.

Lo anterior le valió al Estado mexicano que el Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) le solicitara capacitar de manera sistemática sobre derechos de las mujeres a las y los funcionarios judiciales, petición que se extendió para las Fuerzas Armadas que participan en operaciones de seguridad pública.

En sus “Observaciones finales”, dadas a conocer recientemente y las cuales son de carácter obligatorio para México, el Comité de la CEDAW señaló su preocupación por los niveles cada vez mayores de violencia a los que son sometidos las mujeres en el hogar, y en particular el feminicidio perpetrado por agentes estatales, incluidos funcionarios y fuerzas de seguridad, así­ como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.

Añadió que es alarmante que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, hayan contribuido a la intensificación de pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres tendientes a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.

Una de las herencias de Calderón al presidente Enrique Peña Nieto, señaladas por el Comité de Expertas, es revisar la estrategia de seguridad y adaptarla a los tratados internacionales de Derechos Humanos, incluida la CEDAW, e invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres, cumpliendo sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia de género.

Asimismo, el Estado mexicano debe investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar la reparación del daño a las mujeres que hayan sido ví­ctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables.