Staff / MIRADOR
En un gobierno que limita su capacidad de gestión económica y financiera a la impostergable contratación de deuda para sanear sus déficits financieros, la capacidad de proyectar un programa de gobierno que tenga como objetivo el desarrollo económico, y por ende, una mayor y más eficiente recaudación de ingresos para sostener la hacienda pública, es menguada.
Zacatecas resiente la realidad que se evidencia en todo el país. Hace un par de semanas el INEGI dio a conocer, de acuerdo a los resultados nacionales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que cerca del 60% de la población ocupada del país trabaja en la informalidad. La actividad económica está ahí, sólo que los ingresos que reciben se dirigen principalmente a la iniciativa privada y a la banca.
A nivel estatal, el nivel de informalidad se encuentra situado por encima de la media nacional, según el mismo informe de INEGI. El mercado zacatecano reporta que son 7 de cada 10 los trabajadores informales que se ubican en nuestra entidad. Nos encontramos en el noveno lugar nacional de estados que reportan una mayor cantidad de empleos informales.
El gobierno, en vez de buscar la manera de captar una parte de los impuestos perdidos, ha formado parte del problema al ser cómplice de los grupos políticos que surgen del comercio informal. Las cuotas políticas se traducen en mantener los beneficios de estos comerciantes (no quitarlos de los espacios públicos mientras âse buscaâ la manera de reubicarlos), si votan por tal o cual candidato. Ejemplo de ello es el caso del desalojo de comerciantes ambulantes del centro de la capital apenas hace unas semanas.
De esta manera se refuerza un sistema económico que privilegia la urgencia del vendedor irregular, que una economía donde el comercio forme parte importante de los recursos públicos. Cualquiera de los implicados en el fenómeno puede culpar a un sistema económico injusto, globalizado, inhumano, etc. por no ofrecer las condiciones propicias para la competencia, pero rasgarse las vestiduras ante un problema público nunca ha favorecido una solución que refleje estabilidad por parte de gobierno ante las demandas ciudadanas, y del otro lado, una ciudadanía organizada y empoderada.
En tanto gobierno, la tarea es conocer a fondo los problemas reales que sustenta la economía y las finanzas de su población, y a partir del diagnóstico recolectar indicadores que permitan evaluar las condiciones políticas para la obtención de una solución que beneficie a una mayoría. Cuando se logra esto, el gobierno no sólo obtiene legitimidad y autoridad, sino que se convierte en el espacio donde las diferencias han de resolverse. La imagen más clara de la institucionalidad del poder en un régimen democrático.
La fortaleza del Estado en materia económica no sólo viene con la regulación de la actividad económica, sino proveer el marco jurídico donde la competencia, el desarrollo, la recaudación y la distribución de ingresos permitan construir una ruta de crecimiento sostenido a mediano y largo plazo.
Es ahí donde los diversos intereses económicos (en especial de la iniciativa privada) pueden convivir políticamente y definir una agenda que apunte a un crecimiento multisectorial, y no sólo hacia el beneficio limitado de los que más invierten. Sin embargo vivimos el fenómeno contrario: la relación gobierno â intereses privados, los cuales son quienes definen la agenda financiera y económica que evidentemente sólo va a privilegiar los beneficios que mutuamente generan.
A partir de esta evidencia, los programas que emprende el gobierno local, los cuales tienen como objetivo la superación de la marginación en la población, se encuentran limitados por la visión de nulo desarrollo, sino apenas la satisfacción de las necesidades primarias. La idea es que estadísticamente la población se vea mejor, no que viva en condiciones propicias. El mismo gobierno allana el espacio para el crecimiento de fenómenos como el narcotráfico: población en condiciones de pobreza, escasos servicios y sin seguridad.
Hace unos días, en entrevista con un diario local, el secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, menciona las condiciones económicas inviables en que encontró la hacienda pública del Estado, una vez que la administración pasada entregó el gobierno; el mismo discurso del gobernador desde hace dos años.
Al día de hoy, la âproezaâ (construida mediáticamente el pasado 15 de marzo en un evento político) al firmar el decreto gubernativo para liquidar ciudad gobierno, no ha transitado a una nueva etapa que le signifique a la población una ruta económica alternativa. Lo que tenemos hoy en vez de deuda contratada y no registrada -como lo dice el secretario de finanzas- es⦠deuda contratada y registrada. El polo opuesto.
El funcionario cae en la trampa en que se encuentra todo el gabinete, y que viene de la cabeza del Estado: la esperanza de que el gobierno mejore con el nuevo presidente del país. Rescata la idea de la dependencia de Zacatecas de las participaciones federales (en un 96%), pero no propone ninguna forma de reestructurar la economía de la entidad para tener como resultado una hacienda que no dependa de los recursos del Producto Interno Bruto de la nación.
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, trazado con la llegada del nuevo gobierno, no ha cumplido con el objetivo más importante: afianzar la economía al campo zacatecano. Fernando Soto observa que la mayoría de la población es eminentemente rural, y nuevamente deja al aire una estrategia donde se celebre la articulación de las dos piezas claves del gobierno: un plan que genere una correlación de números entre lo económico (SEDEZAC) y lo financiero (SEFI). ¿Qué espera el gabinete para mandar señales de un plan estratégico con objetivos visibles?
Con el nuevo endeudamiento de cerca de 200 millones de pesos, para el rubro educativo (un problema viejo) el gobierno evidencia más que su falta de esfuerzos financieros, y políticas públicas (las cuales existen pero) que miran por apenas paliar algunas necesidades de los habitantes -sean o no rurales, lo cual no debería de generar diferencias, ya que al final la economía los conjuga- sus limitaciones políticas.
El 8 de Diciembre, el diario Milenio anunciaba este fenómeno al poner a Zacatecas como una de las entidades que entre enero y septiembre elevaron sus pasivos en mayor proporción. Al mismo tiempo la investigación reveló los datos de la encuesta que levantaría el Banco de México, donde empresarios y directivos âconsideran que la debilidad de las finanzas públicas en algunos estados y municipios representa un riesgo para la expansión de la actividad económica regional.â
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a56ad95f49b19fa6821dfaa1f5d78af4