Ignora gobierno del estado denuncia ante SCJN: diputado petista

Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

Zacatecas, Zac.- José Luis Figueroa Rangel, diputado del Partido del Trabajo (PT) de la LXI Legislatura del Estado culpó en rueda de prensa al  gobierno Estatal encabezado por Miguel Alonso Reyes  y al secretario de la Función Pública Guillermo Huizar Carranza de ignorar por completo la denuncia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dijo que es totalmente falsa la versión oficial de que la Controversia Constitucional esté “mal hecha o no esté bien fundada” porque según sus declaraciones, si esto fuera así, la Suprema Corte de Justicia no le hubiera dado entrada.

Figueroa Rangel expresó que un requisito legal que debe cumplirse para que  la controversia siga su curso es que esté firmada por el diputado  del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Gilberto Zamora Salas, presidente de la mesa directiva de Poder Legislativo, cuestión que no hizo dentro del plazo que estableció la Suprema Corte la cual vencía el 31 de Marzo del año en curso

Manifestó que  lo declarado por Huizar Carranza ante los medios de comunicación “no aclara nada ya que en vez de que se ponga a vigilar que los funcionarios cumplan a cabalidad con la ley, este tenga que salir a defenderlos”.

El petista denunció que es un mal augurio esta situación, ya que está muy claro  que los recursos destinados a beneficiar a los 10 mil burócratas del Gobierno Estatal “se están desviando para otros fines” y no para lo que destinó la 61 legislatura.

Explicó que el decreto realizado por el Presidente de México Enrique Peña Nieto, el cual establece que los diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de Derechos y Aprovechamientos de fecha 5 de diciembre del 2008 estarán vigentes hasta el próximo 31 de Diciembre del 2014.

El diputado manifestó que por tal motivo no hay necesidad de descontarles el ISR a los trabajadores cuando menos en todo este año.

Concluyó  señalando que existe una acción indebida, una omisión por parte del gobierno de Miguel  Alonso Reyes un hecho que puede ser constitutivo del delito y que puede ser penado.

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