Transparencia política vs transparencia ciudadana

Agenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

Formal e institucionalmente la transparencia puede ser tazada a partir de preceptos que faciliten el ingreso y uso de la información de interés público. Precisamente el paradigma de los gobiernos (y parlamentos) abiertos, apunta hacia una sociedad que consume diariamente grandes cantidades de datos, y que, de acuerdo al interés individual o de grupo, se traduzcan fácilmente en información útil y veraz.

Sin embargo, hablamos de la parte más teórica de la transparencia. En la realidad, los indicadores apuntan a procedimientos abultados y desvirtuados de la tarea para la que fueron creados. Especialmente afectados por intereses y relaciones de poder en la clase política.

En las últimas semanas hemos visto el desgaste político que propone suministrar la diputada Soledad Luévano, al gobierno del estado. El objetivo de fondo de sus conferencias de prensa se sujeta a escandalizar y revivir los rumores que existen entre la burocracia zacatecana. Estos, a su vez, se trasladan con facilidad a diversos espacios privados y públicos porque, recordemos, la nómina estatal ampara a una buena cantidad de habitantes de la zona conurbada.

Los datos ofrecidos terminan por ser suposiciones que las personas tomas como válidas al haber sido testigos, o escuchado versiones de historias de abuso de poder, corrupción, desvío de recursos y otras más.

De acuerdo a la postura que ofrece la diputada, la respuesta que anticipan las autoridades de procuración de justicia parece obedecer a los mismos intereses que ella denuncia. No sólo eso, los acusados aprovechan el momento mediático para contra acusar a la diputada de malos manejos cuando estuvo al frente de la secretaría de administración, en el sexenio de Ricardo Monreal.

En ese marasmo de inculpaciones, los indicadores que apuntan a una sociedad interesada en conocer el dispendio de recursos registran un incremento, pero pasan desapercibidos porque el golpeteo entre autoridades genera mayor expectación. Y no sólo eso. Además, los medios de comunicación, periodistas y reporteros, no se dan a la tarea de investigar a fondo los datos que los actores políticos arrojan al campo de batalla.

Desde los noticieros más amables con el gobierno, hasta los que diariamente ofrecen una crítica dura a las instituciones, han asumido con normalidad el morbo del conflicto, más que la problemática de fondo: conocer la autenticidad de las acusaciones, así como dar un seguimiento a fondo de las investigaciones con que la fiscalía estatal dilucida las denuncias. Locutores de renombre, incluso han hecho cuestionamientos a diversos actores políticos asumiendo las suposiciones como verdaderas, con lo que se mutila todo intento de claridad en el uso de recursos públicos.

La disputa por la apertura de la información, así como la imposición de estándares de procedimiento que obstaculicen la tentación de usar el presupuesto como gasto con fines individuales y/o de grupos políticos, termina por ocupar un lugar en el sótano de la prioridades en la relación gobierno y sociedad.

Desde el inicio de este sexenio, el mapa de relaciones políticas no incentivó de manera institucional la auscultación sistemática del quehacer de los funcionarios públicos. Los tribunales de cuentas públicas fueron un proyecto razonable (en el papel), que no se convinieron con la misma preferencia durante el trabajo parlamentario de la LXI Legislatura. A partir del fracaso de dicha iniciativa, la clase política dio y asumió señales de condiciones suficientes para la impunidad, siempre y cuando las relaciones de poder así se los permitieran.

Ahora, con la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública reportando un auge de peticiones de información por parte de la ciudadanía, unos meses atrás, se puede prevenir la inclinación de la sociedad por utilizar herramientas que le proporciona la ley para hacerse de información pública. Llama la atención el dato, además de que es motivo de satisfacción, puesto que el interés de la ciudadanía es manifiesto e inaplazable.

Desgraciadamente, la clase política, ya sea por intereses o por falta de ingenio e inteligencia, se ha privado de tutelar dicha urgencia para obtener referencias del quehacer gubernamental. Los representantes en la legislatura, además de apadrinar pugnas políticas, obtendrían mayores dividendos (en menos tiempo) al incentivar, supervisar y custodiar los procedimientos de petición de información pública.

Es ahí y no en otro lugar (por ahora) donde la sociedad está volcando su vocación ciudadana. No en la expectación de luchas de lodo, donde los involucrados pierden credibilidad. Por ello, cualquier agente político preocupado por facilitar el acceso a la información, derecho humano contemporáneo e irrefutable, cosecharía algo de legitimidad.

Ahora bien, con la composición del congreso privilegiando a una mayoría pro gobierno, la custodia de dicho derecho ayudaría a esas bancadas a metabolizar con mayor generosidad las controversias que pudieran darse. Pero si la oposición se anticipa y le arrebata aquella bandera, añadiría un elemento original y robusto para 2015 y 2016.

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