Vacíos de poder propios del estado

“Ningún poder es superior al del Estado;
 cuando hay un poder superior al del Estado, ese es el Estado.”
Thomas Hobbes

Agenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

Nuestros representantes populares están ocupados en no investigar el fenómeno de violencia generalizada que se vive en el país, desde hace 8 años. En repetidas ocasiones hemos escuchado aquellos lugares comunes: reto, desafío, amenaza, enfrentamiento, etc., con los cuales se nombra a un fenómeno de dimensiones multifactoriales, y en donde confluyen diversos grupos e intereses.

Hablar de narcotráfico es hablar más allá de las bandas delictivas, y aterrizar esta pieza del rompecabezas en un todo social. Los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, el pasado 26 de septiembre, desafían con una imagen nítida la sustitución de poder del gobierno de un municipio por el de una organización criminal (de la que poco se comentaba hasta hace unas semanas), la cual ahora mantiene el monopolio legítimo de la fuerza.

Del “Me voy a dar el gusto de matarte” con el cual el ex edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, terminaría con la vida del ex líder de la organización Unidad Popular (expresión interna del PRD en el estado de Guerrero), a la desaparición de 43 normalistas utilizando métodos que sólo se conocían en el ámbito de la violencia producida por bandas delictivas, el estado de derecho fue superpuesto por el monopolio ilegítimo de la violencia (y con él, el derecho a la protección de la vida de la ciudadanía) que los intereses de los grupos criminales impusieron en apenas sexenio y medio.

Iguala es el ejemplo más claro del modus operandi, la penetración y funcionalidad, con las cuales los cárteles del narcotráfico desempeñan el ejercicio del poder dentro de una institución de gobierno, quitando a esta una parte de la soberanía popular que representa ante la nación. En la fachada, el gobierno parece intacto, sin embargo, en términos prácticos, las leyes con las que opera no pertenecen más al pacto social para las que fueron creadas.

Con la implantación de los intereses de un grupo delictivo en la tarea de gobierno en sus tres órdenes, los cárteles generan anticuerpos (al diluir sus objetivos en los del gobernante en turno, pues en ocasiones favorecen su acceso al poder) y, en una suerte de vacuna obtenida del grado de descomposición en que se encontraba el estado de derecho de las instituciones de gobierno, la impunidad se convierte en el componente fundamental para el crecimiento y robustecimiento de cada banda delictiva.

De acuerdo con ésta lógica, el grado de implantación del poder de los cárteles dependerá en buena medida del grado de gobernabilidad que cada zona del país muestre. Es fundamental conocer los niveles de aceptación y confianza en el gobierno, así como de cohesión social, con los que podremos anticipar en qué regiones específicamente, el establecimiento del poder de los cárteles se realiza con menos obstáculos en el proceso.

Guerrero se ha distinguido por ser un semillero de grupos antisistméticos, como herencia de conflictos en el largo plazo. En el caso de los normalistas, en la reforma al artículo 3° constitucional que realizaría el general Lázaro Cárdenas el primero de diciembre de 1934, la educación socialista, fue facilitada y reconocida por el gobierno mexicano, y permitiría los primeros brotes de organización popular en torno a ideologías opuestas al capitalismo.

A partir de entonces, y acentuando su grado orgánico en la lucha popular que realizaban grupos de indígenas durante la Guerra Sucia entre 1968 y 1980 con la representación del Partido de los Pobres, la instrucción socialista propició el desconocimiento del estado mexicano (herencia de los caudillos revolucionarios) como forma de gobierno, ya que fomentaba la exclusión y el sostenimiento de la pobreza; tiempo después incluso negaría constitucionalmente las formas de vida socialistas y comunistas. Capítulo que marcó el rumbo actual de las escuelas rurales con la contrareforma al mismo artículo en 1946, promovida por Ávila Camacho.

En tal ambiente, vemos que el desconocimiento del poder de estado por la lucha popular se enfrenta al poder del narcotráfico (a través de los gobiernos y los partidos políticos). Era cuestión de tiempo para que se presentara un escenario de magnitudes catastróficas en dicho conflicto.

Ganan tanto los normalistas y los cárteles de la droga, pues los docentes aprovechan para dan valor agregado al conflicto retórico y táctico contra el “estado represor” (en su faceta más agresiva); mientras, las bandas delictivas hacen valer las condiciones de impunidad para no ver afectados, de manera inmediata, el ejercicio del poder y los intereses en la zona. El gobierno estatal y el partido del gobierno (PRD), fungen ahora como primeros parapetos de su estructura de impunidad.

Pierde el ciudadano de a pie que mira con impotencia el uso indiscriminado de la violencia en ambos bandos.

Etiquetas

Noticias relacionadas

*

*

Top