Matías Chiquito Díaz de León
Delegado del INE en el Estado de México
En su ensayo sobre la “Construcción de la Confianza Política”, editado por el Instituto Federal Electoral en agosto de 1999, la socióloga Nohemí Lujan nos precisa que la “desconfianza, una vez que se ha instalado como respuesta única y automatizada del contexto, tiene efectos destructivos que pueden constituirse en amenazas graves para el mantenimiento del orden y para la existencia misma de la sociedad. Frente a esas tendencias autodestructivas se han planteado procesos conscientes y explícitos… para desmontar esta dinámica e intentar construir marcos… institucionales que permitan el surgimiento de la confianza”. Aunque la autora del ensayo hace referencia a la generalidad de las relaciones sociales, en el caso particular, interesa referir a la presencia que tuvo la desconfianza en los procesos electorales y la respuesta que el Estado Mexicano ha dado para contrarrestar sus nocivos efectos; destacando los resultados que han contribuido a mantener una estabilidad política y social hasta ahora aceptable, con referencia a determinadas funciones que el gobierno mexicano está obligado a cumplir y en las que valdría la pena retomar los marcos institucionales aplicados en materia electoral con resultados positivos, para menguar los efectos desbastadores que ponen en riesgo evidente el orden social y la existencia misma de la vida social, como puede ser el caso de la opacidad en el manejo de las finanzas públicas y la inseguridad.
La desconfianza que tradicionalmente existió respecto de los procesos electorales, con su clímax en julio de 1988, dio motivo, como una respuesta urgente del Estado Mexicano, a un amplio proceso de discusión y negociación que culminaría con la aprobación las reformas político-electorales, la constitucional de 1989 y legales de agosto de 1990, que dieron vida y estructura a las autoridades electorales que se han distinguido por un ejercicio autónomo, independiente e imparcial en el cumplimiento de la función que tienen encomendada. La respuesta del gobierno mexicano y las sinergias generadas por las diferentes fuerzas políticas actuantes en ese momento, lograron construir los marcos institucionales apropiados que han permitido el surgimiento y consolidación de la confianza en los resultados electorales, haciendo posible que el orden y la estabilidad social prevalezcan. Así, ante la emergencia que se había presentado para los sistemas político y electoral imperantes, con los riesgos inminentes para el orden social, se crearon organismos públicos como el Tribunal Electoral, el IFE y ahora el Instituto Nacional Electoral, que en una rápida evolución, apuntalada por las reformas subsecuentes de 1994 a 2014, se han configurado como garantes de las instituciones democráticas del país.
Uno de los elementos que ha servido de carburante en esa evolución progresiva del sistema electoral, es precisamente el principio de transparencia y publicidad que han regido el desempeño de las autoridades electorales. Seguramente esa diafanidad no estuvo presente desde la fundación del IFE, pero sí debe destacarse que surgió y se fue consolidando como una necesidad institucional. Ahora, con la creación del Instituto Nacional Electoral se reafirma ese principio y se configura desde la Constitución la exigencia de “máxima publicidad” de todos los actos de las autoridades electorales. Principio que no es sólo una posibilidad utópica, es efectivo, es una realidad y viene a fortalecer los mecanismos institucionales destinados a la constante tarea de “crear confianza política”.
La máxima publicidad de los actos de las autoridades electorales, no es un elemento que funcione en el sistema de manera aislada. Es sí, como se ha mencionado, un carburante de toda una estructura virtuosamente diseñada y que opera con lujo de supervisión y de sanciones efectivas ante las fallas que se lleguen a cometer. Así, se ha logrado crear y consolidar confianza que asegura estabilidad. La confianza se genera a partir, precisamente, de un intercambio de información valiosa, entendiendo por ésta, aquella que, ahuyentando la incertidumbre, genera certeza. En tan solo 20 años, el sistema político logró estándares aceptables de estabilidad, gracias a una operación adecuada del sistema electoral, donde, como se ha dicho, la publicidad de sus actos es una constante. Sin embargo, no todo se resuelve con elecciones limpias y creíbles, pues la estabilidad social y el orden público dependen del desempeño de esos poderes que fueron conformados precisamente a partir de la celebración de las elecciones periódicas y pacíficas. Aquí está el eslabón perdido. Mucho se lograría si el Estado Mexicano perfilara su desempeño en los estándares aplicados a la autoridad electoral, propiamente al Instituto Nacional Electoral, haciendo aprovechables los esfuerzos agotados en cada proceso electoral.
El desencanto de la democracia se hace visible, entre otras causas, porque el ciudadano en general, aún de esfuerzos, no ha logrado mejorar sus condiciones materiales de vida; su ingreso no le resuelve las necesidades apremiantes y, además, su persona y languidecido patrimonio se ven amenazados constantemente por una delincuencia que opera a cualquier hora del día ante la indiferencia de la autoridad que debería velar por la seguridad pública. Romper ese desencanto y lograr cierta ambición por la democracia requiere entonces de crear, ahora, confianza al menos en la recaudación y aplicación de los impuestos, en las finanzas públicas pues y en seguridad pública.
Sin vueltas. Si con la creación de órganos autónomos, con servicio civil de carrera, con un riguroso sistema de evaluación y sanciones efectivas, sujetos a un régimen de transparencia, de permanente rendición de cuentas, de máxima publicidad y auditorias permanentes y efectivas, se logró en poco menos de 20 años la configuración y fortalecimiento de confianza política; luego entonces, no tenemos que inventar, sólo hay que crear, aprovechando el diseño ya conocido de las instituciones que han resultado viables y virtuosas dentro del sistema político y social.
