Agenda Política
Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-Emplear los recursos públicos de manera más eficiente, debería de ser una prioridad que se yuxtapone a la de buscar la absoluta austeridad en la distribución del gasto corriente, en cualquiera de los niveles de gobierno en este país.
En Zacatecas, a partir de 2011, a la burocracia estatal le han recetado -hasta el cansancio- la máxima de “abrocharse el cinturón” como si los que más gastaran fueran la mayoría de trabajadores que no cumplen funciones directivas.
Aquella política de austeridad, con una nomenclatura algo aldeana, fue más una postura política adoptada por el gobernador Alonso Reyes para marcar su desacuerdo en la forma de gastar que se venía practicando en administraciones anteriores, que un eje de gobierno donde se sostuviera el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos.
Si las arcas estatales se encontraban en uno de sus peores momentos al recibir Alonso Reyes la estafeta de mandatario, su recomposición no ha sido la más óptima ni la que mejores resultados le ofrece a la ciudadanía. El gobernador fue políticamente correcto en hacer un compromiso de mejorar el gasto, pero sólo ha logrado, hasta ahora, llevarlo a un punto de austeridad necesaria.
Toda esta retórica que salpicó a la opinión pública, una vez que las necesidades financieras de la rama burocrática administrativa se vieron comprometidas por un Proyecto de Prestación de Servicios para la construcción y habilitación de la nueva locación de las oficinas públicas (Ciudad Gobierno/Administrativa), se quedó en eso: una simple y llana postura política del gobierno en turno.
De lo contrario, ¿por qué no se planeó una revisión puntual para la reingeniería financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, una vez que el resultado de la entrega-recepción al cambio de gobierno arrojara indicios de inestabilidad presupuestal? ¿Por qué a la nómina del ISSSTEZAC sí se le ha permitido abultarse hasta fechas recientes? ¿La perorata de la eficiencia y total austeridad no aplicaba para todas las ramas de la administración gubernamental? ¿No era una prioridad?
Hace unos días el tema fue descarrilado de la agenda del gobierno estatal. Y no por una sesuda estrategia de la oposición, sino por la simple capitalización de ser una minoría sin poder legislativo real.
El grupo parlamentario “Por Un Zacatecas Para Tod@s” (PAN, PRD, PT y MC) cooptó los reflectores al mantener la idea de una “nómina politizada”. Sacudió algunos nombres de funcionarios públicos relacionados consanguíneamente con secretarios del gabinete alonsista, un diputado federal (Adolfo Bonilla), y el presidente municipal de la capital del estado, Carlos Peña Badillo, y con ello “evidenciaron” el mal manejo de la nómina de gobierno.
Unas horas más tarde, Marco Vinicio Flores Guerrero, hijo del secretario de Educación, en un mensaje en redes sociales, desmintió que en lo particular haya obtenido una plaza laboral en la institución como prebenda política. E invita a esa especie de “kamikaze parlamentaria”, Soledad Luévano, a clarificar su situación salarial así como su falta de interés para crear condiciones favorables a la crisis hoy expuesta cuando ocupó un cargo directivo en el ISSSTEZAC, y después de Oficialía Mayor del estado.
En los altos niveles oficiales ha reinado el silencio. Por desinterés, porque les parecen absurdas las acusaciones, porque saben que la composición parlamentaria actual sólo le permite a la oposición hacer mucho ruido, porque al final del día van a defender unilateralmente el ajuste legal, o porque simplemente es mejor no acercarse al charco para no salpicarse. Sin embargo, el proceso federal 2015 está en marcha y la agenda pública se carga de positivos y negativos electorales en este y en otros temas.
No sabemos si la oposición se preocupará por ventilar –esa sí sería información valiosa- los resultados de las valoraciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) al ISSSTEZAC, así como de la revisión financiera que se hace a la institución por parte de la Comisión de Vigilancia presidida por el diputado panista Luis Acosta Jaime, ni qué criterios y periodicidad se aplica para cada una de ellas. El contraste de esos datos, con lo que presentó el despacho del actuario Miguel Ángel Aguirre Frías es oportuno para la discusión del tema.
No se trata sólo de victimizar a las aportaciones de los trabajadores, ni de decir que una reforma íntegra pasa de manera esencial por el ajuste a las mismas. Los ajustes son necesarios, pero no son la raíz del problema que en una institución con un marco normativo financiero muy relajado.
Por ello, lo que la reforma debe entretejer es la menor posibilidad de que la institución sea utilizada irregularmente: falta de pago de aportaciones por parte de gobierno, pensiones especiales, antigüedad en base al contrato no en cuanto a aportación, nómina abultada, salarios desmedidos, etc.
