La reforma electoral y sus nuevos sesgos

RECUENTO-DE-VOTOSAgenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

Zacatecas, Zac.-Y sucedió lo que se había advertido aquí hace un par de semanas, cuando retomé el choque político entre Acción Nacional y el Verde Ecologista de México, en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El bloque opositor a la desavenencia con la que se han conducido los “niños verdes” en la elección federal, incluso no sólo se escollaría únicamente en los graves señalamientos de los albiazules a la actuación de la cuadrilla oficialista (PRI, PVEM, PANAL) encabezada por el consejero Marco Baños, sino que lograría el consenso de los representantes de partido opositores (PRD, PT, MC, Morena, PH, y PES) impeliendo a la autoridad electoral a un escenario donde ha perdido, además de legitimidad, autonomía en sus decisiones. La salida de Alfredo Cristalinas Kaulitz, de la Unidad Técnica de Fiscalización, es ejemplo de ello.

Al cumplir con una de las 15 demandas que impuso el bloque opositor de partidos al resquebrajado Consejo General, el órgano colegiado ha delegado, de facto, la posibilidad de construir acuerdos institucionales con legitimidad propia, al menos en lo que resta del proceso electoral. Esto ha llevado a los partidos políticos a cohesionarse y levantar resistencias políticas, como una suerte de contrapeso en la correlación de fuerzas que permanecen en el núcleo estructural del INE.

Esa correlación de fuerzas -que en veces pareciera desvergonzada como la conducta del consejero Marco Baños quien perfila, con poco disimulo, que él detenta el control del máximo órgano- no tuvo más remedio, al verse concluyentemente diseccionada, que la intervención de otros poderes, dejando en evidencia las deficiencias de la reforma política de 2014. La autonomía vuelve a estar en el ojo del huracán del sistema político electoral mexicano.

El INE deja de ser, a estas alturas del proceso electoral 2015, el garante de la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y equidad, para convertirse en un actor político más de la contienda. Una especie de partido de partidos con prerrogativas, publicidad, plataforma electoral (cuyo eje central es la organización del proceso electoral), y algo así como “candidatos” cristalizados en la figura de los consejeros, sus posturas políticas y su privilegiado derecho de votar.

Y es que en la parte más álgida del proceso político que corresponde a la elección, el Consejo General ha pasado de ser el centro de la polémica, a ser sólo partícipe (casi espectador) del debate político, donde la toma de decisiones ya no le competen, sino solamente la obediencia al consenso que se logra, como hace unos días, en instancias legislativas.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, ha arropado –más a regañadientes, que con convicción- el relevo de Alfredo Cristalinas, por el perfil de Eduardo Garza Curiel, otrora consejero directivo de la Banca de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), junto con Luis Videgaray, Luis Madrazo Lajous, Agustín Carstens Carstens, Ildefonso Guajardo Villarreal, Carlos Rojas Gutierrez, y Enrique Martínez y Martínez.

La medida que emergió en la discusión en el pleno del Senado (pese a la delatora negativa de las bancadas del PRI y PVEM de abordar el punto en el pleno, repitiendo el error de días anteriores, con el que Marco Baños iniciaría el encono) mostraría la caradura de los partidos políticos, y la imagen que representa la autoridad electoral en su visión del régimen democrático.

Fue así que senadores del PAN y PRD, mostraban en sus escaños carteles con la leyenda “No queremos un INE partidizado”, retomando la idea de que el Consejo General, independientemente de contar con perfiles “ciudadanos” (o que legalmente no cuenten con militancia partidista en un cierto lapso de tiempo), no necesariamente debe estar exento de las filias y fobias propias de quien desempeña la función pública electoral.

Sin embargo, la pérdida de equilibrios viene cuando en la evidencia total, esas mismas filias y fobias son fácilmente identificables, puesto que en los hechos obedecen a los intereses de los grupos políticos instalados en los partidos, dejando así, en segundo plano, el interés del ciudadano, elemento esencial para la existencia de instituciones que tuvieron su auge en la supuesta transición del año 2000.

Pues bien, en otra evidencia total, también las mayorías partidistas en Zacatecas han hecho sentir su peso en los últimos días. Prácticamente dan señales de que los procesos legislativos se pueden seguir sin bancadas opositoras. Y es que los contrarios además de ser minoría (fácil de cooptar para llegar a acuerdos), no parecen tener consistencia, dirección y estrategia. Es una minoría a veces caprichosa que si algo no se hace a su manera, recurre a la fácil descalificación y victimización.

En próximos días, la autoridad electoral local será escenario de propuestas y debate para la armonización de las leyes del ámbito nacional al estatal. Esperemos que el conflicto legislativo actual no contamine la oportunidad institucional.

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