*Matías Chiquito Díaz de León
El 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma político-electoral que configura de manera integral el sistema electoral mexicano con la transformación del IFE en un órgano electoral de cobertura nacional, con atribuciones para la regulación y operación de procesos electorales federales y locales. No hay espacio para el debate sobre la distribución de competencias, las reglas establecidas derivan directamente del Pacto Federal, todos los firmantes las han aprobado en conocimiento y satisfacción plena. Ahora, en el marco de la reforma constitucional se ha dispuesto que la organización de las elecciones federales y locales, siendo una función del Estado Mexicano, estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, quienes ejercerán las atribuciones que la ley expresamente les confiera.
La transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral se dejó sujeta a dos momentos: uno, la publicación de las leyes generales en materia electoral, mismas que deberán publicarse a más tardar el 30 de abril; y, dos, al acuerdo de la Cámara de Diputados para la designación de los consejeros electorales del Consejo General del INE, lo que debería ocurrir el 11 de junio como máximo. Aún no llegamos al 30 de abril y más lejos estamos del 11 de junio; no obstante, de manera oportuna, hay que reconocerlo, el pasado 3 de abril la Cámara de Diputados aprobó la designación del Consejero Presidente y de los 10 consejeros electorales; inmediatamente después, el viernes 4 de abril se declaró formalmente constituido e instalado el Instituto Nacional Electoral.
En consecuencia, aun cuando la ley reglamentaria no está publicada, el INE ha iniciado sus funciones y, en tanto dicha ley se emite, ejerce las atribuciones que las leyes vigentes reconocen al IFE. Será una etapa transitoria muy corta, pues se espera que en tan solo tres semanas más el Congreso de la Unión apruebe las leyes generales anunciadas.
Será justo a partir de ese momento cuando los signos vitales del INE serán más visibles, pues las leyes referidas harán explícitas y operativas las atribuciones que la Constitución le ha conferido. La maquinaria electoral nacional deberá moverse, aunque con celeridad y urgencia, con prudencia extrema, determinación precisa y carácter institucional suficiente, a fin de que el asentamiento de la reforma electoral no provoque resquebrajamientos en la institucionalidad democrática electoral. Los retos por atender son tan amplios que se requiere de trabajo constante, uniforme y calibrado con precisión milimétrica.
Estos son solo algunos de los retos: publicadas las leyes generales, el INE tendrá un plazo muy ajustado para actualizar los reglamentos ya existentes, emitir los nuevos que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones y diseñar lineamientos generales (nacionales) que permitan uniformar la operación de sus órganos desconcentrados y de los organismos públicos locales; asimismo, establecer mecanismos de planeación, seguimiento y evaluación, que le aseguren el control de las actividades vinculadas al desahogo de las etapas de los procesos electorales
federal y locales, garantizando constancia reiterada del apego a las disposiciones jurídicas que regirán los comicios. El tiempo disponible será tan ajustado, como cercano esté el arranque de los procesos electorales calendarizados para 2014-2015.
Un reto mayúsculo será la designación de los consejeros electorales de los órganos de dirección de los institutos electorales de las 32 entidades del país. No sólo el tiempo apremia, las designaciones deberán formalizarse antes de que inicien los procesos electorales, sino que el tema central gira en torno a la definición de los criterios de designación, mismos que deberán valorar los derechos creados con antelación a la publicación de la reforma electoral. En todo caso, hay que estar tranquilos, el procedimiento observará puntualmente el nuevo principio que rige la función electoral: “máxima publicidad”.
La encomienda mayor para el INE, sin duda, será encontrar fórmulas institucionales de entendimiento que le permitan un ejercicio integral (sin excesos ni defectos) de sus atribuciones respecto de los procesos electorales locales. Será mejor que se le observe por ser puntual y exigente en su desempeño, que por defecto en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades.
*Delegado del INE en el estado de México
