Aumentar las penas al secuestro no acaba con la impunidad: David Monreal

Foto: Misael Camarillo / MIRADOR

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México, D. F.-Al señalar que el aumento de hasta 140 años en las penas por el delito del secuestro no basta para su prevención, el Senador David Monreal Ávila llamó al Poder Judicial a replantear sus estrategias contra este delito, pues el sistema de justicia aún es deficiente.

Se mostró indignado por los índices de inseguridad en México y se sumó a la preocupación de la población, que considera a la inseguridad y la delincuencia, la falta de empleo y la inflación, los problemas principales del país.

Lo anterior en concordancia con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, que también reveló que la percepción de inseguridad en la población es del 73.3%.

Durante el año 2013 se registraron 74 casos cada 24 horas, en 2014 la cifra se incrementó a 88 casos al día; durante el año 2012 se suscitaron 27,375 casos relativo al secuestro; en el año 2013, 29,711 casos y en el 2014, 32,120 casos.

La organización no gubernamental “Alto al Secuestro”, informó que  tan sólo durante el mes de enero de 2015 se presentaron 163 denuncias de secuestros, lo que representa un incremento de 7.23 % respecto a diciembre de 2014.

Es evidente que el argumento esgrimido por quienes pensaban que el aumento de las penas frenaría la comisión del secuestro es falso, a pesar de que existe a nivel nacional una campaña mediática sobre los beneficios de la cadena perpetua a los secuestradores.

En 2006 se gastó 50 mil 936.25 millones de pesos, pero para el presente año el monto aprobado se incrementó a 153 mil 419.65 millones de pesos, como parte del programa de seguridad nacional, sin dar resultados favorables.

“La sociedad está en franca descomposición”, aseguró el legislador, y denunció que la estrategia para erradicar el secuestro en el país ha fracasado.

Finalizó su intervención ante el Senado señalando que la manera correcta de enfrentarse al delito de secuestro es atacar sus causas: crear empleos dignos y garantizar la seguridad pública, así como combatir la corrupción en el sistema de justicia y tener policías de investigación eficientes, capacitados y confiables.

 

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