Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas
Zacatecas, Zac.-La promulgación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Zacatecas, publicada el pasado 20 de septiembre, marca un paso importante en la defensa de un derecho que, aunque a veces parece lejano o técnico, toca la vida de todas y todos, la privacidad.

Nuestros datos personales (nombre, domicilio, número telefónico, historial médico, registros escolares) están en manos de las autoridades. La gran pregunta es ¿cómo se usan, cómo se protegen y qué herramientas tiene la ciudadanía para vigilar ese uso?

Tras la desaparición del IZAI, el estado quedó en un vacío institucional que ponía en riesgo la defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos. La nueva norma busca llenar ese hueco y armonizarse con los cambios federales, pero aún enfrenta un desafío mayúsculo pues falta la publicación de la Ley de Transparencia, aprobada desde junio y que daría soporte completo a este andamiaje.

Ese retraso genera un limbo legal que puede traducirse en investigaciones incompletas, recursos de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) mal atendidos y, lo más grave, violaciones a la privacidad de la gente.

Un punto positivo de esta ley es la creación de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de la Función Pública estatal, que tendrá la responsabilidad de ser autoridad garante. A diferencia del modelo federal, en el que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es juez y parte, este esquema dota de mayor autonomía técnica al órgano zacatecano. Puede sonar burocrático, pero en la práctica significa que una investigación por mal uso de datos no dependerá directamente de la misma autoridad que los administra, lo que fortalece la imparcialidad y abre la puerta a resoluciones más justas.

La ley también trae innovaciones relevantes pues se amplían los derechos ARCO, se refuerza la protección de datos de niñas, niños y adolescentes exigiendo el consentimiento expreso de sus tutores, se establecen reglas claras sobre la información de personas fallecidas y se otorgan mayores facultades a la autoridad garante para investigar y sancionar incumplimientos. Son disposiciones que, de aplicarse con seriedad, pueden marcar la diferencia entre un marco legal de adorno y uno realmente útil para la ciudadanía.

Sin embargo, hay que decirlo con claridad; ninguna ley se defiende sola. Por muy avanzada que sea en su diseño, de poco servirá si las personas no conocen sus derechos, no los ejercen ni los exigen. Hoy, más que nunca, debemos apropiarnos de la idea de que la protección de datos no es un asunto exclusivo de especialistas. Es tu derecho saber quién tiene tu información, para qué la usa y cómo la resguarda. Y es obligación del Estado garantizar esa seguridad.

El gran reto de Zacatecas será traducir esta ley en confianza ciudadana. No basta con publicarla en el Periódico Oficial, se requiere difusión, capacitación y sobre todo voluntad política para que las resoluciones del nuevo órgano sean respetadas. Los datos personales son, en esencia, una extensión de nuestra identidad. No podemos permitir que se vulneren por omisión, negligencia o intereses políticos.

La promulgación de esta ley es una buena noticia, pero es apenas el inicio. Ahora corresponde a las instituciones hacerla operativa y a la sociedad zacatecana vigilar que no quede en letra muerta. Porque la privacidad no es un lujo ni un concepto abstracto: es un derecho humano que sostiene la dignidad y la libertad de todas y todos.