Para evitar que la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años quede a la buena voluntad de administraciones futuras, la senadora Geovanna Bañuelos propuso elevar a rango constitucional esta ayuda.

“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, mencionó.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que su propuesta busca reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que la pensión que otorga actualmente el Estado sea un derecho de las mujeres de 60 a 64 años.

Geovanna Bañuelos destacó que actualmente las mujeres de 60 a 64 años enfrentan una etapa de alta vulnerabilidad económica y social, ya que muchas de ellas ya no participan en el mercado laboral formal, pero aún no acceden a la pensión universal para personas adultas mayores, lo que las coloca en un periodo de transición marcado por la incertidumbre económica, la dependencia y el riesgo de pobreza.

De acuerdo con datos del Coneval, más del 60% de las mujeres mayores no cuenta con una pensión contributiva, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente.

“Esta exclusión no es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social, a pesar de que su trabajo ha sido fundamental para el sostenimiento de las familias y comunidades del país”, aseveró la legisladora por Zacatecas.

En este sentido, y para solventar esta situación, Geovanna Bañuelos informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, implementó un apoyo económico dirigido a esta edad; no obstante, su carácter programático lo deja vulnerable a decisiones presupuestales, cambios administrativos o futuras reorientaciones de política pública.

“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad, dejando en incertidumbre a miles de mujeres que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas”, subrayó la senadora.

Por ello, explicó que su propuesta tiene como finalidad reconocer a nivel constitucional el derecho de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado, garantizando su permanencia, universalidad, progresividad y no regresividad en igualdad de condiciones con otros derechos sociales ya reconocidos en la Constitución.

Asimismo, busca blindar este derecho frente a recortes presupuestales o cambios de administración, asegurando que el apoyo deje de ser un programa sujeto a discrecionalidad y se consolide como un derecho social pleno, orientado a reducir la pobreza, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado que históricamente han sostenido a la sociedad mexicana.

“Esta reforma constitucional es coherente con nuestra convicción histórica de que el Estado debe estar al servicio de quienes han sido excluidas, invisibilizadas y relegadas por décadas de abandono. Reconocer la pensión para mujeres de 60 a 64 años como un derecho constitucional es avanzar hacia un país más justo, donde el bienestar no dependa del mercado ni de la suerte, sino de la ley y de la dignidad humana”, concluyó Geovanna Bañuelos.