Zacatecas, Zac.- En el Foro Fortaleza Institucional y Nuevos Retos, con motivo del XIV Aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la maestra María del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abordó el tema Justicia con Igualdad de Género, Centró su exposición en los derechos políticos de las mujeres; la participación política de las mujeres en México; instrumentos para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la contribución desde la justicia electoral.
La presentación de la conferencista estuvo a cargo de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Dra. Leticia Catalina Soto Acosta,
Al iniciar su intervención, la maestra Alanís Figueroa reconoció que existe un avance significativo en materia de género, como el Reconocimiento derecho al voto; los Instrumentos internacionales; la representación en cámaras altas y bajas, y el centro de prioridades internacionales, sin embargo son insuficientes.
Destacó que la participación política de las mujeres, señaló que en el Poder Ejecutivo Federal sólo 3 mujeres integran el gabinete, lo que representa el 15 por ciento de esa estructura; en el Congreso de la Unión 138 diputadas, el 23 por ciento de la conformación de la Cámara de Diputados; 29 Senadoras, el 23 por ciento de la Cámara de Senadores.
Además, precisó que en el Poder Judicial Federal participan 2 ministras de 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 7 magistradas de 22 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 80 juezas de 301 jueces de distrito; 94 magistradas de 546 en Tribunales. El IFE cuenta con el 66 por ciento de los Consejos Electorales integrados con más del 50 por ciento de mujeres, y sólo el 34 de los consejos electorales están conformados por menos de la mitad de mujeres.
A nivel local, explicó la Magistrada Alanís Figueroa, sólo se cuenta con una gobernadora; el 21.72 por ciento de diputaciones locales recaen en mujeres; 5.3 por ciento de presidencias municipales son encabezadas por mujeres; 21 por ciento de las magistraturas en tribunales electorales locales recaen en mujeres, y el 25 por ciento de consejerías en los institutos electorales locales participan mujeres.
Respecto a los instrumentos para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa dijo que éstos son la Igualdad sustantiva, las cuotas en congresos, las cuotas en órganos de dirección partidistas, y el etiquetado de recursos públicos para la promoción de actividades específicas encaminadas a desarrollar el liderazgo de las mujeres.
Sobre las cuotas en dirigencias partidistas, explicó que desde la década de 1990, la Ley Electoral mexicana obliga a los partidos a propiciar equidad entre géneros, hacia su interior. Además, con la reforma electoral mexicana de 2008, los partidos se obligan a âprocurar la paridad de géneros en sus órganos de direcciónâ.
Por ejemplo, en el caso del PAN, establece un 40 por ciento en la integración del Comité Ejecutivo Nacional, así como en los comités locales y municipales. El PRI, cuotas del 50 por ciento para dirigencias nacionales, estatales y municipales. El PRD, cuota del 50 por ciento en la integración de todos los órganos de dirección y al postular candidaturas plurinominales. El PT, Cuota del 40%. PVEM, Cuota del 30%, y el Movimiento Ciudadano establece una cuota indicativa âen lo posible 40%â.
A pesar de ello, el porcentaje en los comités ejecutivos de los partidos políticos nacionales es bajo, el 26.12 por ciento lo integran mujeres y el 73.88 por ciento son hombres. Actualmente ninguna mujer dirige un partido político nacional.
Concluyó su intervención al señalar la contribución desde la justicia electoral, y ello tiene que ver con las sentencias relevantes que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas relevantes como las Cuotas de género, el 2 por ciento para capacitación y liderazgo de las mujeres, así como la Integración de órganos locales, sin dejar de lado las sentencias emitidas para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.