Zacatecas, Zac.- En el Foro Fortaleza Institucional y Nuevos Retos, con motivo del XIV Aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la maestra Marí­a del Carmen Alaní­s Figueroa, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abordó el tema Justicia con Igualdad de Género, Centró su exposición en los derechos polí­ticos de las mujeres; la participación polí­tica de las mujeres en México; instrumentos para fortalecer el ejercicio de los derechos polí­ticos de las mujeres y la contribución desde la justicia electoral.

La presentación de la conferencista estuvo a cargo de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Dra. Leticia Catalina Soto Acosta,

Al iniciar su intervención, la maestra Alaní­s Figueroa reconoció que existe un avance significativo en materia de género, como el Reconocimiento derecho al voto; los Instrumentos internacionales; la representación en cámaras altas y bajas, y el centro de prioridades internacionales, sin embargo son insuficientes.

Destacó que la participación polí­tica de las mujeres, señaló que en el Poder Ejecutivo Federal sólo 3 mujeres integran el gabinete, lo que representa el 15 por ciento de esa estructura; en el Congreso de la Unión 138 diputadas, el 23 por ciento de la conformación de la Cámara de Diputados; 29 Senadoras, el 23 por ciento de la Cámara de Senadores.

Además, precisó que en el Poder Judicial Federal participan 2 ministras de 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 7 magistradas de 22 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 80 juezas de 301 jueces de distrito; 94 magistradas de 546 en Tribunales. El IFE cuenta con el 66 por ciento de los Consejos Electorales integrados con más del 50 por ciento de mujeres, y sólo el 34 de los consejos electorales están conformados por menos de la mitad de mujeres.

A nivel local, explicó la Magistrada Alaní­s Figueroa, sólo se cuenta con una gobernadora; el 21.72 por ciento de diputaciones locales recaen en mujeres; 5.3 por ciento de presidencias municipales son encabezadas por mujeres; 21 por ciento de las magistraturas en tribunales electorales locales recaen en mujeres, y el 25 por ciento de consejerí­as en los institutos electorales locales participan mujeres.

Respecto a los instrumentos para fortalecer el ejercicio de los derechos polí­ticos de las mujeres, la Magistrada Marí­a del Carmen Alaní­s Figueroa dijo que éstos son la Igualdad sustantiva, las cuotas en congresos, las cuotas en órganos de dirección partidistas, y el etiquetado de recursos públicos para la promoción de actividades especí­ficas encaminadas a desarrollar el liderazgo de las mujeres.

Sobre las cuotas en dirigencias partidistas, explicó que desde la década de 1990, la Ley Electoral mexicana obliga a los partidos a propiciar equidad entre géneros, hacia su interior. Además, con la reforma electoral mexicana de 2008, los partidos se obligan a “procurar la paridad de géneros en sus órganos de dirección”.

Por ejemplo, en el caso del PAN, establece un 40 por ciento en la integración del Comité Ejecutivo Nacional, así­ como en los comités locales y municipales. El PRI, cuotas del 50 por ciento para dirigencias nacionales, estatales y municipales. El PRD, cuota del 50 por ciento en la integración de todos los órganos de dirección y al postular candidaturas plurinominales. El PT, Cuota del 40%. PVEM, Cuota del 30%, y el Movimiento Ciudadano establece una cuota indicativa “en lo posible 40%”.

A pesar de ello, el porcentaje en los comités ejecutivos de los partidos polí­ticos nacionales es bajo, el 26.12 por ciento lo integran mujeres y el 73.88 por ciento son hombres. Actualmente ninguna mujer dirige un partido polí­tico nacional.

Concluyó su intervención al señalar la contribución desde la justicia electoral, y ello tiene que  ver con las sentencias relevantes que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en temas relevantes como las Cuotas de género, el 2 por ciento para capacitación y liderazgo de las mujeres, así­ como la Integración de órganos locales, sin dejar de lado las sentencias emitidas para la protección de los derechos polí­tico electorales del ciudadano.