Por: Juan Antonio Caldera Alaniz / Comandante del Departamento de Bomberos del Estado de Zacatecas

La vulnerabilidad de la población ante las consecuencias de las calamidades, cualesquiera que sean sus orí­genes, hace prioritaria la búsqueda y definición de estrategias que mitiguen los daños humanos y materiales que las mismas provocan, incidiendo en el proceso de desarrollo de las comunidades, considerando que la mayor parte de las veces causan un retraso y hasta un retroceso socioeconómico muy desfavorable, y que el costo de las mismas, siempre será mayor que el que hubiera significado la inversión oportuna de recursos en prevenirlos.

A fin de dar respuesta a la necesidad de brindar protección a las personas ante la presencia de diversos agentes perturbadores, se propone el desarrollo, en mayor o  menor grado, del alto contenido social, que usualmente persigan propósitos básicos; La concertación con los sectores privado y social, así­ como con los grupos  académicos, voluntarios, vecinales y no-gubernamentales, que permitan definir la forma y alcances de su
participación en actividades de prevención; La organización del Gobierno en sus distintos órdenes, comprendiendo todo el territorio y; La inducción e inclusión de todos los habitantes para transitar de una percepción alejada del riesgo a una conciencia de éste, impulsando las acciones corresponsables para la
generación, arraigo y desarrollo continuo de una cultura.

Un contenido que hace explí­citos los resultados a obtener. Programa que articule los actos. La estructura relativamente permanente de referencia y orientación, que indique las intenciones generales de las autoridades. La orientación normativa para que guí­e las decisiones que la autoridad voluntariamente o bajo  el peso de las circunstancias, debe asumir y; Una competencia social, que identifica a los individuos, grupos e instituciones que componen el campo de la acción.

Se debe privilegiar el estí­mulo a la investigación, aplicación y transferencia de conocimientos y experiencias. La creación de capacidades y asignación de recursos necesarios que permitan prevenir o reducir los efectos en cuanto a riesgos en la población  con mayor vulnerabilidad en nuestra entidad.

Del mismo modo, debe incrementar las oportunidades para propiciar mayores contribuciones cientí­ficas
y tecnológicas al proceso público de toma de decisiones en materia de prevención de riesgos y desastres, dinamizando la interactuación entre la gestión de los recursos y las prácticas conjuntas de las dependencias en
la  reducción de riesgos. Sin embargo, las definiciones teóricas no siempre son fáciles de llevar a la práctica cuando se deben afrontar situaciones concretas como las catástrofes, especialmente
ante lo inesperado y violento de los desastres, pero su estudio puede constituir una ví­a de acceso al análisis de las relaciones estado-sociedad, frente a cuestiones socialmente problematizadas.

Los desastres han contribuido a elevar los niveles de pobreza y desigualdad. En efecto, impactan más proporcionalmente a los grupos más pobres de la sociedad, debido a que son los menos capaces de responder a los choques repentinos que destruyen sus activos, aumentando drásticamente sus ingresos.

Las consecuencias de los desastres sobre las principales variables macroeconómicas, han llegado a ser significativas por el incipiente desarrollo de instrumentos financieros y el insignificante peso relativo de los seguros que protegen a la población, así­ como a la infraestructura económica y social frente al riesgo. Los desastres naturales y antropogénicos han causado un número importante de ví­ctimas fatales
y cuantiosas pérdidas materiales.

Estos efectos han significado retrocesos importantes en las regiones o estados directamente afectados. Por ello es necesario que la sociedad en su conjunto tenga mayor cultura en materia de prevención.