SENTENCIAN A MíS DE 200 Aí‘OS DE PRISIӓN A SECUESTRADOR

La Procuradurí­a General de la República obtuvo del Juez Quinto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, sentencia de de 201 años de prisión y sanción equivalente a 19 mil 125 dí­as multa, contra Eduardo Moisés Sánchez Guzmán (a) “El Tayson”, por ser penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

El sentenciado fue detenido el 13 de junio de 2008, en cumplimiento de una orden de localización y presentación girada por el Representante Social de la Federación adscrito a la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en el marco de una indagatoria que se integró con motivo de una organización dedicada al secuestro.

Derivado de la investigación, el agente del Ministerio Público de la Federación logró acreditar que Sánchez Guzmán, por lo menos desde mayo del año 2007, formaba parte del grupo delictivo “Jeremí­as”, y participó en tres secuestros, que operaba principalmente en el Distrito Federal y zona conurbada, con la función especí­fica de realizar las negociaciones con los familiares para el pago de rescates; por lo que un juez le impuso la pena de 30 años de prisión, sin embargo, al ser un delito agravado (por dos o más personas y con violencia), la sanción aumentó a 35 años, dando un total de 65 años por cada evento; es decir, 195 años por los tres secuestros y por su

responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, le fue impuesta la pena privativa de libertad por 6 años.

El sentenciado recibió la notificación de la pena que le fue impuesta en el Centro de Readaptación Social Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez Estado de México, donde se encuentra interno desde julio de 2008. Con esta sentencia, la Procuradurí­a General de la República refrenda su compromiso de aportar los elementos jurí­dicos necesarios a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación para sujetar a proceso penal y sancionar a quienes se separen de la legalidad y colaboren con organizaciones dedicadas al flagelo social que representa el secuestro.

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