“BLINDAJE” INSTITUCIONAL EN EL IFE

Análisis Polí­tico

Por: Gabriel Contreras Velázquez

El 7 de diciembre del 2011, el presidente Felipe Calderón daba las primeras señales de la injerencia del narcotráfico en las elecciones de Michoacán. Entrevistado por Joaquí­n López Dóriga, el poder Ejecutivo nacional, se refirió a las irregularidades de la elección donde habí­a participado su hermana Luisa Marí­a “Cocoa” Calderón en representación del PAN.

Una elección que se distinguió por proclamar a Fausto Vallejo como gobernador prIÓ­sta, con apenas 43 mil votos de ventaja sobre la rival panista. Dí­as después de dichos comicios, y antes que algunas impugnaciones clave derribaran los resultados de la votación por alcalde en Morelia (y las que todaví­a pueden echar a atrás la gubernatura de Vallejo), las palabras del presidente dejarí­an abiertos muchos escenarios:

“Hay más evidencias, hay mucho más testimonios que desde luego no puedo, por la competencia del propio Ministerio Público, no puedo ni quiero hablar, y también por la seguridad de las personas que fueron afectadas. El problema es más grave de lo que se ha visto o lo que se ha sabido.

“Yo no puedo quedarme callado ante algo tan preocupante. Mi llamado es a las autoridades, sobre todo a las electorales y a los partidos polí­ticos para que todos, sin excepción, repudien este hecho y entre todos trabajemos para evitar que la próxima elección (la del 2012) registre una intervención de los criminales.”

Entre esos escenarios, los que corresponden a la correlación de fuerzas al interior del Instituto Federal Electoral están por abrir una nueva reglamentación electoral, la cual se han empeñado en aterrizar en la forma de un acuerdo de “blindaje electoral”.

Los alcances y limitantes que enfrenta la autoridad electoral, están definidos en tanto organismo público autónomo y representante de la ciudadaní­a, pero ceñido y condicionado a las correlaciones partidistas, las cuales son las que definen, en buena medida, las reglas con las que se realizarán y participarán en los procesos electorales.

En la sesión del Consejo General del IFE, del dí­a 8 de Febrero del presente año, se aprobó el acuerdo que establece “medidas y compromisos de esta autoridad electoral, partidos y coaliciones para fortalecer las condiciones de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y control interno de las fuerzas polí­ticas para los comicios federales 2012.”

El texto aborda criterios de vigilancia en materia de financiamiento, uso de recursos – de dónde vienen y en qué se gastan-, campañas polí­ticas que eviten la confrontación, el desprestigio institucional y la calumnia; eliminar el uso de dinero en efectivo para los gastos y pagos de servicios, intercambio de información con el gobierno federal que permita proteger la integridad del proceso electoral y de los ciudadanos.

Sin embargo el elemento polí­tico da contexto al jurí­dico. Por un lado tenemos al presidente señalando que el PRI, partido que encabeza las preferencias, mantiene nexos cercanos y bien establecidos con la delincuencia organizada. ¿Por qué decirlo hasta ahora? ¿Las investigaciones ministeriales recién están arrojando resultados de los ví­nculos entre polí­ticos prIÓ­stas y el narcotráfico? ¿Lo mismo podrí­a decirse del michoacanazo, el hankazo, el moreirazo y el tamaulipazo (como se les ha llamado en los medios)?

Dicha amenaza que enfrenta Peña Nieto y su estructura de candidatos, ha sido trasladada por la Comisión Polí­tica Permanente de su partido a manos del gobierno federal. Entre los acuerdos de esta comisión, el PRI ha pedido a las instituciones de seguridad federal que informen al partido si alguno de sus candidatos cuenta con antecedentes penales o se encuentra involucrado en alguna averiguación previa.

La respuesta no tardó en llegar por parte de la Procuradurí­a General de la República y la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes, en el amago que realizaron a tres ex gobernadores del estado de Tamaulipas con una alerta migratoria para cada uno de ellos, familiares y colaboradores cercanos.

Entre los ex mandatarios afectados, el único que busca un puesto de elección popular al Senado es Manuel Cavazos. Esto gracias a sus meritos como un importante estratega y operador electoral, el cual construyó puentes entre Humberto Moreira y Manlio Fabio Beltrones, y coordinó a uno de los equipos que ayudó al PRI a llegar al gobierno de Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas en 2010.

El golpe generó nerviosismo en la estructura prIÓ­sta. Mientras, la opinión pública volteaba a las administraciones prIÓ­stas tamaulipecas, las cuales se especula están ligadas a la delincuencia organizada de tiempo atrás (con Juan Garcí­a Abrego y Osiel Cárdenas Guillen).

La muerte del ex candidato al gobierno Rodolfo Torre Cantú, hoy tiene en la mira a Tomas Yarrington, acusado en Estados Unidos por la DEA de recibir dinero del cartel de “los Zetas” para promover protección polí­tica y así­ mermar al Cártel del Golfo.

Frente a estos escenarios que escapan a las regulaciones y reglamentaciones electorales, el IFE parece ocupar un espacio de poca incidencia ante las presiones y correlaciones polí­ticas entre la inseguridad, los partidos y la clase polí­tica. Si bien los reglamentos “blindan” los procesos electorales, no los exentan de los riesgos polí­ticos latentes.

A toda acción… múltiples reacciones.

Por lo mientras, y aun sin que el IFE aterrice algún reglamento de blindaje, la que declaró a favor de someterse a exámenes toxicológicos y de polí­grafo fue Josefina Vázquez Mota, candidata que refrenda su campaña con el 13.8% de preferencias por encima de Cordero según el cómputo final… Con esas acciones, la candidata no necesita de propuestas que pongan en duda la actuación de las instituciones, pues se salta a la autoridad electoral en un movimiento que busca afianzar su imagen como “competencia leal”.

Y los que vivieron las secuelas de la interna panista, son los albiazules zacatecanos. En la entidad Cordero ganó apenas por unos 200 votos más que Josefina, lo que muestra un voto y una estructura estatal panista fracturada y dividida en dos.

Afortunadamente, para ellos, sus enemigos son internos, dado que en Estados como Coahuila, Yucatán, San Luis Potosí­, Aguascalientes, Estado de México, entre otros, se especula que la mano de los gobernadores –prIÓ­stas- estuvo presente.

Las señales de contacto entre Josefina y el PRI, hacen pensar en una nueva versión de Zedillo y su “transición pactada”, ¿será que el PAN (el que no se lleva con Calderón) quiere actualizar ese pasaje histórico?

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