LA PUNTA DEL ICEBERG

Agenda Política

Por: Gabriel Contreras Velázquez

El jueves 4 de Abril, el apellido Monreal sería el centro de atención de todo el país. Nada menos para un político que, a las afueras de Zacatecas, es más conocido por ser el brazo operativo de López Obrador (el hermano mayor: Ricardo), que por su gestión como gobernador en este Estado, o como diputado federal y senador, dentro de su carrera política.

Un día antes (miércoles 3 de Abril), sería a eso de las 2 de la tarde cuando López Dóriga, vía Twitter, comenzaba a difundir la detención de dos presuntos responsables de atentar en contra de la vida de los hermanos David y Ricardo Monreal, en la capital del país.

Minutos más tarde, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, en conferencia de prensa sostuvo que en una operación especial, la Procuraduría General de la República, con inteligencia del CISEN, “frustraron” el intento de asesinato de David Monreal (o en su defecto de Ricardo).

En un hotel de la Ciudad de México -cercano al despacho del coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de diputados- en la madrugada del miércoles 3 de Abril, el grupo especial de la PGR sorprendió a cuatro hombres mientras dormían. Mismos que posteriormente fueron llevados a las instalaciones de la PGR, donde, con la información proporcionada por el CISEN, se sometieron a diversos interrogatorios, donde confesaron haber viajado desde Zacatecas para matar a David Monreal.

En el operativo especial se aseguraron equipos de radiocomunicación, entre ellos teléfonos celulares y radios de dos vías, así como armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Las líneas de investigación apuntaban hacia “sicarios” y/o “halcones” que podrían estar relacionados con la organización criminal conocida como “Los Zetas”, contratados por un “empresario” zacatecano, para cometer dicho crimen.

El viernes 5 de abril, al mismo tiempo que Ricardo Monreal en San Lázaro declaraba a los medios con respecto a los sucesos de los días anteriores, el gobernador Alonso Reyes manifestaba su postura al pedir que “se investigue a fondo para conocer el móvil, y que se vaya hasta las últimas consecuencias”.

Ambos discursos semejantes, en momentos casi simultáneos, sino es por un pequeño detalle cuando la fuente le pregunta a Alonso si pensaba reforzar su seguridad, éste responde que no lo veía necesario “porque estamos absolutamente limpios, lo que hemos hecho es apegarnos a la legalidad, a una actuación de cara a la sociedad, donde hemos hecho un gran esfuerzo en materia de seguridad, en inversión en seguridad, entonces, creo que quien nada debe nada teme”.

Miguel Alonso abrió una serie de interrogantes, que van en detrimento de lo que habría declarado primero, con respecto a esperar “que se investigue a fondo”: si Alonso está absolutamente limpio, ¿ los hermanos David y Ricardo Monreal no? ¿Qué es lo que han hecho los Monreal sin apego a la legalidad? ¿Los hermanos Monreal algo deben, y por lo tanto deben de temer? Vaya forma de sembrar hipótesis por parte del gobernador, en un tema que no le es ajeno porque los sicarios vienen de su Estado.

El problema que plantea la coyuntura de la detención de supuestos “sicarios” para asesinar a David Monreal, es uno que eleva el problema de inseguridad a un nuevo rango de amenaza al poder del Estado. Sin la intervención oportuna del CISEN (esa que hizo falta en el sexenio pasado), el gobierno de Peña Nieto cargaría tempranamente con la muerte de dos legisladores del círculo rojo de López Obrador, fortaleciendo a MORENA con mártires.

Frente al gobierno de Estados Unidos, además, el calificativo de Estado fallido reivindicaría la forma de valorar al nuevo gobierno. La visita del presidente Obama el próximo 2 y 3 de mayo tiene como objetivo fundamental entender la estrategia de seguridad de este sexenio, la cual, hasta el momento no tiene ni pies ni cabeza, y ha acumulado una serie de reuniones bilaterales infructuosas entre secretarías y ministerios.

El gobierno mexicano sólo ha hablado de prevención, más no de cómo enfrentar a los grupos delictivos transnacionales (interés central de la política norteamericana, sustentada en parte por su economía armamentista), y no de cómo nuestro país debería de ser una barrera para impedir el crecimiento de más grupos delictivos transnacionales en Centroamérica, al enfrentar a los cárteles frontalmente, según las expectativas de la Casa Blanca.

El gobierno mexicano se encuentra en un dilema: si el estado utiliza sus órganos de inteligencia para auxiliar a dos políticos que, según las hipótesis del gobernador “algo deben”, y las investigaciones apuntan y muestran la complicidad de esos funcionarios con criminales, nos preguntaríamos ¿la inteligencia no anticipó e investigó esa posible colusión? De lo contrario, la cosa es peor: cualquier “empresario” puede contratar sicarios para eliminar enemigos políticos, económicos o personales… estado fallido.

Gabriel.contrerasvz@gmail.com

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