Gabriel Contreras Velázquez

Lic. Ciencia Política y Administración Pública.

El día de ayer, en el Senado de la República, se realizó el acercamiento entre los disidentes de la reforma política, encabezados por las presidencias de los organismos electorales locales, mismas que, como mencionábamos la semana pasada, con punto de acuerdo de sus Consejos Generales o sin el mismo (en Zacatecas aun no lo hay), han buscado construir un dique de contención a la creación de un Instituto Nacional Electoral, propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, y apoyado por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, y el gobierno federal; todos ellos dentro de las negociaciones del Consejo Rector del Pacto por México.

En la negocia, el PRI ha tomado la posición de observador. La semana pasada comunicaron que de su partido no emanaría una propuesta nueva de reforma político electoral, sino que utilizarían las 36 iniciativas presentadas en la pasada legislatura, y favorecerían el diálogo y el consenso. La misma postura fue mostrada desde el Consejo Rector del Pacto por México, quienes decidieron que en dicho tema no se remitiría iniciativa alguna, pero se privilegiarían los acuerdos tomados con los integrantes del Pacto por México.

¿A cuáles acuerdos se refieren? Si seguimos las declaraciones de los líderes nacionales del PRD y el PAN, la condicionante ulterior, que ha sido aterrizada como candado para la gestión de los posibles acuerdos, es que si no hay reforma político electoral en los próximos días (respetando los puntos presentados en sus respectivas iniciativas) difícilmente se llegaría al consenso buscado por el partido en el gobierno en la reforma hacendaría y fiscal, y la reforma energética.

Dichos pronunciamientos han sido respetados por el Consejo Rector del Pacto por México. El objetivo es generar el menor desgaste posible en los acuerdos tomados, para evitar lesiones graves dentro de la estructura de toma de decisiones, en materia financiera y petrolera.

Otro indicador que nos permite entender la cuidada cohesión que ha tejido dicho Consejo Rector, son las diversas manifestaciones contrarias, organizadas de manera espontánea hace un par de semanas, por parte de las autoridades electorales locales y regionales, quienes han aprovechado su capital de conocimientos y experiencia jurídico electoral para abrir un debate que, por sí mismo, muestra una lucha por mantener las prerrogativas estatales sobre el control de las instituciones que organizan y califican las elecciones.

Esto es, el debate acerca del centralismo como “un peligro e inminente retroceso para México”, no satisface suficientemente las diversas problemáticas al interior de los procesos electorales, según se desarrollan en las entidades federativas. La democracia contemporánea no puede limitarse en tanto circunscripciones, regionalismos y lucha de poder, o consenso, entre los estados y los poderes federales.

El diagnóstico puede ser igual de equivocado al verse desde la óptica federal, como desde la óptica centralista. Al final son sólo dos polos de un mismo centro, y las visiones radicales impiden conocer con objetividad el fenómeno a valorarse.

No se puede asegurar que exista total injerencia política de los ejecutivos estatales en la autoridad electoral local, como tampoco se puede negar (y datos sobran). Jurídicamente la no injerencia se encuentra debidamente reglamentada. Ahí no radica el problema. Políticamente, la autoridad electoral local ha encontrado mecanismos de adaptación para que, sin rebasar el límite legal, pueda aprovecharse el margen mínimo que permita la incidencia de un poder sobre otro, y viceversa. Igualmente, no se puede garantizar que se termina con la injerencia local, al traer las negociaciones al plano nacional.

Es por ello que se ha insistido, y se seguirá insistiendo en este espacio, que lo que se vive en la actualidad es un reacomodo de las fuerzas en el plano político electoral. ¿Qué implica una reforma política que asume la supresión de una red de poder a nivel local, sino la simplificación y la disminución de los sujetos implicados en la toma de decisiones correspondientes a la renovación de las legislaturas y ejecutivos locales?

El reto que plantea un Instituto Nacional Electoral es que, a menores sujetos intervengan en la lucha de fuerzas político electoral, mayor será la complejidad, y por ende exigirá más agudeza analítica, así como grupos políticos fuertemente cohesionados que representen un bloque de poder en la balanza de equilibrio, a escala nacional.

La renovación, después de todo, no personifica un desperdicio, sino un experimento social interesante, puesto que la partición orgánica del poder a nivel local desafía a su misma clase política y a su ciudadanía a construir acuerdos previos suficientemente estructurados, para así poder incidir en la correlación de fuerzas federal.

Esto invita a construir grupos de poder identificables y consistentes, con un programa de gobierno igualmente reconocible. Ya que si su hegemonía no se cristaliza a nivel local, será menor su posibilidad de incidir a nivel nacional.