Por: Manuel Ibarra Santos
Zacatecas, Zac.- La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró, a principio de este mes, como constitucional que Zacatecas pudiera cobrar impuestos en materia ambiental, otorga al gobierno de Alejandro Tello un extraordinario tanque de oxígeno de legitimidad política, exactamente a la mitad de su administración y en una etapa difícil de transición cuando la federación ha aplicado fuertes medidas restrictivas a los presupuestos de las entidades y en donde en algunas han registrado efectos económicos traumáticos. Nuestro Estado es ejemplo de ello.
Es pertinente tener claridad conceptual entre legitimidad y legitimación. La primera es producto de un acto sustentado en una determinación jurídica; en tanto la segunda, en cambio, se obtiene cuando una decisión de gobierno impacta en beneficio del pueblo, y este le da pleno reconocimiento social.
La legitimación en el caso del impuesto minero, todavía no adquiere estatus de reconocimiento social.
Ahora, habrá que esperar la resolución conclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo cuando un buen número de grandes empresas que operan en la entidad, tomaron la iniciativa de ampararse a fin de no cubrir el llamado impuesto minero o de remediación ambiental.
Todo parece indicar que, finalmente, la tendencia favorecerá al gobierno de Zacatecas, no sin complicaciones en su relación, en especial, con las compañías mineras que operan en la entidad.
Después de eso, se entrará al período de proyección de los montos que se cobrarían por la aplicación del impuesto minero. Y ahí vendría la otra complicación. ¿Cómo y en qué utilizar los recursos, producto de este gravamen, particularmente cuando estos estarían fuertemente etiquetados?
Y es que, la implementación de los impuestos ambientales en nuestro país, se aplican con objetivos distintos a los recaudatorios, tienen fines extrafiscales y están canalizados a corregir prácticas que atenten contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES EN NUESTRO PAÍS:
México resulta ser uno de los países del mundo que menos recauda en impuestos ambientales, apenas el 0.1 por ciento de su Producto Interno Bruto, pero que en contraste es de los que más subsidia acciones que afectan el medio ambiente y el equilibrio ecológico.
Los Impuestos ambientales en la República de Chile representan el 1.9% de su PIB; en Australia, el 1.9%; en Alemania, el 1.9%; en Estados Unidos de Norteamérica, el 0.7; y en México el 0.1%, lo revela un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En teoría los ingresos que resultasen del cobro del impuesto minero tendrían que canalizarse, exclusivamente, para promover la calidad ambiental, la salud de los ecosistemas y de las personas.
Por el criterio intensivo de la minería que se explota en Zacatecas, su territorio ha sido históricamente devastado.
LA MINERÍA Y SU VALOR ECONÓMICO
La minería se encuentra atada a una profunda paradoja, en donde a pesar de su riqueza y fortaleza, se mantiene como una herencia maldita que sólo aporta salarios precarios, una naturaleza destruida y una delicada contaminación, del suelo, subsuelo, el aire y el agua, que ha dejado ya secuelas inconmensurables en la salud de los zacatecanos.
El valor de la producción minera en nuestro Estado, a precios del 2017, asciende a más de 63 mil millones de pesos. A pesar de lo anterior, los aportes de la minería para el desarrollo de Zacatecas, son pobres y pírricos.
En la actualidad más de 2 mil doscientas concesiones mineras operan en la entidad, en el 23 por ciento del territorio zacatecano.
Hoy es importante trazar políticas públicas para que la minería y la industria se vinculen a la promoción del desarrollo humano sustentable del pueblo zacatecano. Y ese es el reto que tiene el gobierno del Estado.
Los recursos probables que se recauden del impuesto ecológico tendrán que ser utilizados en promover el equilibrio ecológico y la salud de los zacatecanos.
Y de esa forma tendrá legitimación la iniciativa de Alejandro Tello, sólo cuando se traduzcan en beneficio para el pueblo, y sea reconocida pública y políticamente por él. Es decir, por la sociedad.
De todas maneras, esto representa un hecho histórico en las políticas fiscales de Zacatecas.