Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI
Zacatecas, Zac.-Por ley, en México, así como en cualquier país democrático, las personas tenemos derecho a servicios de salud y educación públicos de calidad, a un trabajo favorable, a la protección social, a la igualdad jurídica, a la libertad de expresión, así como a la no discriminación, entre otros derechos; sin embargo, es palpable que la desigualdad, la pobreza, la violencia y demás problemáticas obstaculizan la promesa efectiva de la justicia social.
Este escenario nos permite recordar la importancia del Día Mundial de la Justicia Social (que se conmemora hoy), el cual es un llamado anual que realiza Naciones Unidas para que las políticas internacionales, regionales y nacionales de los Estados miembro se orienten a mejorar las condiciones de vida de las personas y al reconocimiento pleno de sus derechos.
En este sentido, las instituciones del Estado –y los servidores públicos que las conformamos– debemos saber que en México existen cargas sociales desequilibradas y dispares, cuya realidad afecta el tejido social y nos aleja de construir un futuro más igualitario y libre.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hemos hecho importantes esfuerzos para garantizar a cabalidad los derechos que tienen las personas a conocer información pública y a proteger su privacidad, pues son “llaves” que posibilitan el ejercicio de otros derechos.
Les comento que las resoluciones del INAI obligan a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entreguen a la ciudadanía información clave para que las y los trabajadores obtengan una jubilación; abonamos a garantizar la protección social que el Estado debe darle a la ciudadanía.
En octubre de 2023, en el INAI resolvimos que las autoridades informen cómo ha sido el proceso de extinción del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y qué pasará con los créditos otorgados previamente a la población.
Desde 1947 hasta 2022, el FONHAPO otorgaba créditos para desarrollar programas de vivienda urbana y rural y daba subsidios para el mismo fin; orientado a los hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencias en vivienda. Conocer esta información permite darles certeza jurídica a las personas beneficiarias respecto a su situación, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza.
Asimismo, el derecho a la educación se ve potenciado por la transparencia; a través de herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, la juventud puede acceder a información para el desarrollo de sus tesis y de investigaciones académicas; proponer proyectos que generen cambios en sus comunidades; conocer si podrían recibir algún tipo de beca; saber la estructura organizacional de instituciones educativas públicas; e involucrarse en las decisiones de sus casas de estudio.
El INAI y los organismos de transparencia locales sirven también para que personas privadas de la libertad consiguen una defensa de su caso, o para que familiares de personas desaparecidas accedan a información clave sobre el paradero de sus seres queridos, entre otros casos, contribuyendo al acceso a la justicia y a la reparación del daño, esto a través de expedientes clínicos, de juicios de nulidad, de sentencias firmas en el sistema de justicia o conociendo el derecho a tener defensores de oficio.
La justicia social es el respeto a los derechos, equilibrios, ser justos, honremos el día siendo en el acontecer del día a día justos y respetuosos y promoviendo la igualdad social en todos los sentidos.
@JulietDelrio