Por: Dra. Julieta del Río Venegas
Zacatecas, Zac.-En México, los padrones de beneficiarios de los programas sociales no deberían ser un asunto reservado ni un secreto administrado a conveniencia de quienes ejercen el poder. Son información pública y así lo establece la Ley General de Transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber quién recibe los apoyos del Estado, bajo qué criterios y con qué reglas, porque los programas sociales no son favores ni dádivas: son derechos reconocidos en la Constitución.
La transparencia en estos padrones no es un capricho ni una exigencia técnica. Es una condición básica para garantizar justicia social y evitar abusos. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos registros son poco accesibles, difíciles de consultar o simplemente inexistentes para la ciudadanía. Esta opacidad no es menor: abre la puerta a uno de los vicios más dañinos de la vida pública, el uso político de la necesidad de las personas.
Cuando los programas sociales se entregan sin reglas claras, sin padrones públicos y sin mecanismos de verificación, dejan de ser instrumentos de apoyo y se convierten en herramientas de control electoral. La línea entre el derecho y la manipulación se vuelve peligrosa cuando el acceso a un beneficio depende de la cercanía política, de la lealtad partidista o de la conveniencia del momento.
Cada año, el presupuesto público destina recursos millonarios a programas sociales que buscan atender la pobreza, la desigualdad y la exclusión. La pregunta no es menor: ¿quién vigila que esos recursos lleguen realmente a quienes más los necesitan? La respuesta debería estar en padrones claros, actualizados y accesibles, que permitan la revisión ciudadana, la fiscalización y la rendición de cuentas. Con padrones transparentes, resulta mucho más difícil desviar recursos, excluir arbitrariamente o utilizar los apoyos como moneda de cambio político.
La transparencia no es un trámite burocrático ni un obstáculo para la operación del gobierno. Es una herramienta de control ciudadano, un mecanismo de prevención de la corrupción y una forma de garantizar que los programas cumplan con su verdadero objetivo: mejorar la vida de las personas, no fortalecer estructuras de poder.
Jugar con la necesidad de la gente, ocultar información o presentar un programa social como un favor personal no sólo es éticamente reprobable, es ilegal. Los recursos públicos deben administrarse con honestidad, equidad y reglas claras. Y quienes gobiernan tienen la obligación de entenderlo y respetarlo: los programas sociales son derechos, no instrumentos de propaganda ni de campaña.