EN MORENA, ALIANZA POR UN CAMBIO VERDADERO

Las organizaciones polí­ticas, sociales y de ciudadanos que suscriben la presente declaración, representan legí­timamente el movimiento de las izquierdas en el Estado de Zacatecas.

Al margen de disquisiciones teóricas, entendemos por izquierda toda idea de progreso que busca superar la precaria situación económica y social que aqueja a la gran mayorí­a de mexicanos y al propio tiempo establecer las bases materiales y espirituales conducentes a la construcción de una sociedad mejor que la actual.

Constituimos una fuerza respetable, ya que forman parte de este movimiento partidos polí­ticos que en el proceso electoral de 2010 fueron respaldados por  casi el 40 por ciento de los electores; son gobierno en 18 municipios de la entidad, siete de ellos con alta densidad demográfica, lo que equivale a más del 40 por ciento de la población total de Zacatecas.

Legisladores integrantes de la LX Legislatura del Estado, regidores de los 58 ayuntamientos, organizaciones sindicales y sociales de trabajadores del campo y de las ciudades, empresarios pequeños y medianos, estudiantes, maestros universitarios, investigadores destacados en todos los ámbitos de la ciencia, mujeres y jóvenes, también militan en nuestras filas.

Todos nos hemos adherido al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, el cual, como es sabido, pugna por un cambio verdadero, a fondo e integral, de la realidad de México.

Sostenemos que solamente con la unión de las fuerzas democráticas y progresistas y la acción resuelta de los mexicanos que en verdad aman a su patria, será posible poner un alto a la  violencia y la inseguridad pública que han causado tanto dolor y calamidades a las familias mexicanas, a las crisis económicas recurrentes y cada vez más profundas que golpean a las clases de ingresos fijos, a la desigualdad que existe entre clases sociales y regiones, al desempleo que ya rebasa los tres millones de seres humanos, al alza especulativa en los precios de bienes y servicios, al desplome del poder adquisitivo del salario, a la disminución constante en los niveles y la calidad de la vida, al daño contumaz e irresponsable que se provoca a los ecosistemas y al angostamiento de nuestros derechos soberanos.

Hoy formamos parte de una sociedad bloqueada por el miedo y la violencia generalizada. La paz y la tranquilidad están ausentes de nuestras calles, ciudades y carreteras. No existe ya ni en las conciencias.

El nuestro es un pueblo burlado por la hipocresí­a y la ambición desmesurada de unos cuantos. Una treintena de familias controla la economí­a, manipula el poder polí­tico y tuerce en su beneficio el régimen institucional. Se trata de la oligarquí­a voraz y primitiva, egoí­sta y ambiciosa, que se apoderó de la riqueza del paí­s y todo lo ha subordinado a su enfermizo amor por el dinero.

No somos dueños ya ni de la tierra que pisamos. México es el único paí­s en el mundo que no tiene control sobre su sistema financiero: Salinas de Gortari lo entregó a empresarios privados afines y éstos lo vendieron a corporaciones extranjeras.

Desde hace treinta años, el grupo neoliberal en el poder ha venido sujetando los recursos y riquezas de la nación a un cí­nico y sistemático saqueo, ahora ya legalizado. En un lapso muy breve liquidó el sistema de empresas públicas sobre del cual se apuntalaba el desarrollo del paí­s. Bancos, minas, siderúrgicas, ferrocarriles, aviación, fábricas de tractores, de automóviles y camiones, de productos petroquí­micos, de fertilizantes y de cemento, de tuberí­a y de maquinaria, teléfonos, televisión, tierras ejidales, autopistas, puertos y aeropuertos, pasaron a manos de compañí­as privadas, en algunos casos propiedad de mexicanos y en otras de extranjeros. De este modo se configuró una  burguesí­a de invernadero, así­ denominada porque fue prohijada desde la cima del poder polí­tico de la República, controlado por traidores.

Aún las industrias eléctrica y del petróleo, atraviesan desde hace tiempo por un proceso silencioso de privatización.

Como resultado de ese proceder, el gobierno de la República es hoy un juguete manipulado por cí­rculos empresariales poderosos ubicados en la cúspide de la pirámide social en la que imperan la desigualdad y la opresión económicas.

Ciertamente, insistimos, únicamente el poder del pueblo organizado hará posible recuperar las riquezas y los recursos de la nación, rescatar los valores en que se habí­a venido sustentando la existencia de nuestro pueblo a lo largo de su historia, y crear las condiciones propicias a un porvenir mejor para las nuevas generaciones de mexicanos.

Conscientes de que es deber de las organizaciones y ciudadanos que suscriben el presente documento, participar activamente en la solución de los grandes problemas nacionales, acordamos:

Primero. Vigorizar la lucha por un Cambio Verdadero, cuyos puntos esenciales se incluyen en el Proyecto Alternativo de Nación elaborado por MORENA, recientemente presentado a la consideración de nuestro pueblo para su conocimiento, análisis, impulso y enriquecimiento.

Segundo. Manifestar en cualesquiera circunstancias la plena solidaridad del Movimiento a las acciones que las organizaciones que lo integran desplieguen en lo particular en beneficio de sus agremiados.

Tercero. Concurrir con plena responsabilidad a los esfuerzos que se llevan a cabo por lograr en el plano nacional la unidad de las izquierdas, que puede manifestarse, de acuerdo con las circunstancias de cada momento, como unidad ideológica, unidad polí­tica, unidad en la acción o unidad orgánica.

Cuarto. Vigorizar las tareas de información, orientación y formación de una sólida conciencia cí­vica y polí­tica entre los mexicanos, que fortalezca la idea del cambio revolucionario de la sociedad y conlleve el compromiso de luchar para lograrlo; asimismo, intensificar la creación de Comités de Ciudadanos, uno al menos por Sección Electoral, hasta cubrir la totalidad de éstas en un plazo no mayor de tres meses; y redoblar el esfuerzo para incorporar al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a un número cada vez mayor de Protagonistas por un Cambio Verdadero.

Quinto. Participar resueltamente en el proceso para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la República que tendrá lugar en 2012, pues vemos en esa ya próxima campaña una gran oportunidad para un nuevo despliegue de la lucha de los trabajadores y de todo el pueblo con el propósito de defender y hacer valer sus derechos y sus apremiantes demandas económicas, sociales, culturales y polí­ticas.

Nuestro movimiento rechaza de una vez y para siempre las concepciones puramente electoralistas o electoreras que caracterizan a algunos cí­rculos polí­ticos. Para nosotros la campaña no se plantea como una disputa por cargos o posiciones polí­ticas, tampoco como una lucha por la obtención de prebendas o canonjí­as para beneficio de individuos, de grupos o de facciones, sino como un medio de la lucha social revolucionaria. Por lo tanto, nos esforzaremos por llegar a este delicado compromiso con un solo candidato a la Primera Magistratura de la Nación, con un programa de acción común que responda a los afanes de superación de nuestro pueblo y propicie una etapa de desarrollo nacional acelerado y compartido, y con los ciudadanos mejor calificados a quienes postularemos en su oportunidad como candidatos a los diversos cargos de elección popular.

Sexto. En el plano estatal MORENA se propone poner en tensión todas sus fuerzas para encauzar a nuestra entidad federativa por una ví­a verdaderamente democrática y señaladamente progresista, sobre la base del pacto social y polí­tico que la Constitución de nuestra entidad federativa representa, en especial en sus preceptos más avanzados, a los cuales debemos impulsar hasta que alcancen sus consecuencias últimas y de mayor alcance.

Sin demérito de la unidad que ha de presidir todos los actos de la Alianza, profesamos el mayor de los respetos al derecho que asiste a cada una de las organizaciones que la constituyen, a determinar sus estrategias y tácticas de lucha y conducir su vida interna, con plena autonomí­a e independencia, y reiteramos nuestro compromiso de actuar con plena solidaridad y apoyo mutuo en asuntos de interés común.

Propugnamos una mayor y más informada participación de las organizaciones populares y de los ciudadanos en las actividades tendentes a la formación del poder polí­tico y a la adopción de las decisiones de gobierno en los planos federal, estatal y municipal.

Somos partidarios del diálogo y no de la confrontación estéril. Del acuerdo civilizado en asuntos centrales para la vida de los zacatecanos y no de la fácil descalificación. Nuestras puertas estarán siempre abiertas y nuestros oí­dos atentos a toda iniciativa tendente a examinar con seriedad y responsabilidad los problemas que aquejan al pueblo de Zacatecas, ya sea que dicha iniciativa provenga del gobierno del Estado o de otras organizaciones polí­ticas o sociales, por encima de la diversidad de sus concepciones ideológicas o de sus tendencias polí­ticas, siempre y cuando el diálogo e inclusive el debate se puedan entablar en condiciones de absoluto respeto y se encaminen al perfeccionamiento de la vida colectiva. Por lo que a nosotros se refiere, declaramos enfáticamente que aportaremos nuestro respaldo razonado a todo esfuerzo que busque sinceramente el bien de Zacatecas.

No obstante lo anterior, habremos de sujetar toda acción, pretensión o iniciativa gubernamental, a un examen acucioso, y haremos el seguimiento cuidadoso al proceder de los funcionarios públicos, para actuar en cada caso de acuerdo con los superiores intereses de nuestra entidad federativa.

Elevaremos a la consideración de nuestro pueblo un conjunto de propuestas encaminadas al logro del progreso generalizado y nos esforzaremos por lograr que se traduzcan en programas de gobierno o polí­ticas de Estado.

Seguiremos insistiendo en lograr un Acuerdo Social por la Paz convencidos de que –como decí­a un respetado mexicano- sólo a su sombra nacen y fructifican las obras del trabajo y las maravillas del progreso.

El Estado, y en especial el Gobierno del Estado en lo que a sus atribuciones corresponde, deben garantizar a la población zacatecana seguridad y tranquilidad pública, justicia pronta y expedita, y trabajo digno, socialmente útil y justamente remunerado a toda persona en edad de trabajar.

Con respecto a los dos primeros de los puntos señalados, consideramos que ha llegado la hora de dar a la lucha contra la delincuencia organizada, especí­ficamente en su modalidad de producción, distribución y venta de estupefacientes, un giro radical. Aceptando, por principio, que se trata de un fenómeno complejo cuya solución o atenuación no se logrará sólo con la persecución y represión de los delincuentes por las fuerzas del orden, sino trabajando sobre las causas que lo originan o por lo menos lo favorecen, entre las cuales destacamos las siguientes:

La ausencia de polí­ticas que promuevan empleo, bienestar e iguales oportunidades y seguridades para todos los seres humanos, ha generado graves  desequilibrios sociales e inadmisibles concentraciones del ingreso; la repetición de hechos delictivos que han permanecido impunes, ha llevado al debilitamiento de las instituciones de justicia y al declive del Estado de Derecho; la extraña indiferencia del sistema educativo que, no obstante la magnitud de la tragedia, no cumple con su obligación elemental de educar e infundir sanos valores para la convivencia entre los padres de familia, los niños y los jóvenes, ha contribuido al surgimiento de una especie de subcultura que exalta la delincuencia y la promueve como modelo de vida; la increí­ble práctica de “criminalizar, estigmatizar y marginalizar” a los consumidores de estupefacientes, de darles un trato de delincuentes y no de pacientes, ha propiciado confusión e inclusive deshumanización entre los ciudadanos.

Por consiguiente, se requiere de una nueva y correcta percepción del fenómeno de la delincuencia organizada y sus repercusiones en la vida colectiva, que reconozca su integralidad y, a partir de este reconocimiento, propicie el diseño y puesta en marcha de nuevos y eficaces mecanismos que atenúen sus efectos perniciosos.

En atención a lo expuesto en los párrafos precedentes, exhortamos a los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a que convoquen a un examen serio, responsable, incluyente, crí­tico y autocrí­tico, del fenómeno de la violencia y la inseguridad asociado al crimen organizado, del cual surjan las medidas de polí­tica, las acciones a poner en marcha y los concretos compromisos a asumir por todos los involucrados en la atención de ese delicado asunto.

El primer párrafo del artí­culo 123 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece con meridiana claridad que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.“

No obstante el generoso espí­ritu de la norma a que se refiere el párrafo descrito, la realidad es muy distinta. El aparato productivo está atrapado por esquemas sustentados en el lucro y la rentabilidad del capital a toda costa, con demérito de la función social a que tiene que supeditarse. No hay oferta suficiente de trabajo y la poca que existe no cumple con lo que ordena el precepto constitucional. No existe ley reglamentaria que defina las lí­neas conducentes a la “organización social para el trabajo”. Cada dí­a se pierden en el paí­s 6,000 empleos y, como consecuencia, crece el número de jóvenes frustrados que cree que delinquir es la única opción que tienen a la vista para concretar sus expectativas de vida.

Por consiguiente, urge elaborar una polí­tica de Estado que genere trabajo digno, socialmente útil y justamente retribuido y, al efecto, en su oportunidad elevaremos a la consideración de los zacatecanos un conjunto de propuestas encaminadas a lograr dicho objetivo.

Por lo pronto, enfocamos nuestra atención a lo apremiante: incentivar la economí­a para crear fuentes de trabajo a como de lugar.

Teniendo a la vista la alta gravitación que en la economí­a estatal tiene el erario público, estimamos que es urgente y necesario poner en inmediata circulación los recursos autorizados por la Legislatura para obra pública, con el fin de reactivar los distintos sectores de la economí­a y crear empleos, así­ fuesen temporales, para aliviar la difí­cil situación de las familias.

Asimismo, asegurar la amplia participación de los constructores zacatecanos, en lo individual o asociados cuando fuese conveniente, en la ejecución de la obra pública: federal, estatal, mixta y municipal.

Sostenemos que la más alta prioridad de las polí­ticas públicas debe ser la de elevar las condiciones de vida y de trabajo de las familias campesinas, no solo porque de esta manera estarí­amos sentando sólidas bases para la producción de alimentos y otros insumos indispensables a la existencia humana, sino porque es deber del Estado cumplir con esa obligación polí­tica y moral, y porque sólo así­ corresponderemos al esfuerzo que este sector importantí­simo de nuestra sociedad ha venido desplegando en favor de la paz social y la estabilidad polí­tica de nuestro Estado.

Se debe poner un alto definitivo a la ruinosa experiencia de alentar la compra de alimentos en el exterior bajo el argumento peregrino de que resulta más barato importarlos que producirlos. Como consecuencia de tal desatino, el campo se ha empobrecido como nunca y con el campo la nación entera. Clarifiquemos: en 2008, por ejemplo, se destinaron 22 mil millones de dólares a la compra en el exterior de maí­z, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo, desechos de pollo y otros alimentos, recursos que, como lo ha señalado el compañero López Obrador, bien pudieron ocuparse “…para rescatar el campo y reactivar la producción agropecuaria, forestal y pesquera, crear empleos y atemperar el fenómeno migratorio.”

Es absurdo que estemos importando alimentos y, al mismo tiempo, expulsando mano de obra. Más absurdo aún que compremos alimentos en el exterior cuando algunos de ellos, producidos en el paí­s, permanecen almacenados por falta de mercado. Disparate que solamente se explicarí­a por las prácticas de corrupción a que son proclives los funcionarios de los gobiernos de la derecha. Recuérdense otras barbaridades: México es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero compra 400 mil barriles diarios de gasolina en el extranjero, cuando con poco menos de la mitad de lo que se gasta por ese concepto en un año podrí­a construirse una moderna refinerí­a; por si fuera poco, el nuestro es el paí­s que quema más gas, mientras que por otro lado lo compra a empresas foráneas. ¿Por qué? Porque ello facilita a los funcionarios corruptos realizar sus jugosos negocios y enriquecerse rápidamente a costa del sacrificio y la miseria de millones de compatriotas.

Nuestro movimiento postula la cabal aplicación de la Reforma Agraria, para garantizar el progreso y el bienestar de los campesinos en el marco del progreso general del paí­s. El desarrollo del ejido como unidad económica productiva. La asociación mutuamente benéfica de ejidatarios y comuneros con auténticos pequeños propietarios. El diseño y la ejecución de una polí­tica de organización de los productores en formas asociativas para la producción, la transformación de los productos, la adquisición de insumos y el comercio; de precios que remuneren el trabajo del campesino; de repoblación, defensa del suelo, sistematización hidrogeológica, adecuada irrigación, rotación de cultivos, ampliación de la frontera agrí­cola, crédito oportuno, suficiente y en condiciones razonables.

En el corto plazo, refiriéndonos a Zacatecas, consideramos de extrema urgencia poner en marcha programas de empleo temporal que arraiguen al campesino en su tierra, eviten la emigración que divide a las familias y mejoren la infraestructura de la tierra laborable.

De igual manera, es inevitable exigir de la Federación declare zona de desastre el campo zacatecano y destine fondos suficientes para aliviar la difí­cil situación por la que atraviesan las familias rurales.

Proponemos crear un Fondo Complementario de Apoyo para el Desarrollo Municipal, habilitado con recursos provenientes de una austera, inteligente y eficiente utilización de los recursos públicos del Estado y de los  municipios, pues hay rubros excesivamente considerados, como lo son, por ejemplo, la publicidad gubernamental, lo que paga el gobierno estatal a cambio de cierto tipo de servicios y los generosos salarios de que disfrutan los funcionarios públicos.

Finalmente, como es sabido, la pequeña y la mediana empresa generan ocho de cada diez empleos disponibles, es decir, el ochenta por ciento de los empleos totales. Sin embargo, son los medios de producción más perseguidos y torturados por el fisco, el Seguro Social, el INFONAVIT  y otras dependencias, mientras que las grandes empresas mineras, telefónicas, bancarias -por mencionar solo a algunas de ellas-, o no pagan impuestos o son favorecidas por regí­menes tributarios especiales, o se les brindan una y mil facilidades para que evadan sus obligaciones de ley.

Se requieren programas de protección y fomento a las pequeñas y medianas empresas establecidas en Zacatecas, industriales, comerciales y de servicios, que incluyan estí­mulos fiscales, apoyos para la modernización de equipos, sistemas y maquinaria, capacitación y recapacitación de los trabajadores, y acuerdos que privilegien la compra a dichas empresas de bienes y servicios que requieran los gobiernos estatal y municipales, y las delegaciones de dependencias federales que operan en la entidad.

La educación laica y gratuita impartida por el Estado y sustentada en los preceptos avanzados del artí­culo tercero constitucional, es un derecho irrenunciable de todo mexicano. La educación es el camino para que nuestro pueblo alcance la plenitud de la libertad, la justicia y la independencia. El Estado debe destinar a dicha actividad el equivalente al ocho por ciento de su producto interno bruto, y el dos por ciento por lo menos a la investigación cientí­fica.

 A este respecto, solicitamos de los integrantes de la Legislatura del Estado analicen con detenimiento la iniciativa de Ley de Educación del Estado de Zacatecas, presentada por el Frente Social por la Soberaní­a Popular y consideren su aprobación.

Asumimos como propia la defensa de la Universidad Pública y continuaremos pugnando por asegurar que nuestra máxima Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, ejerza plenamente sus funciones de educación, investigación y vinculación social, con pleno respeto a su autonomí­a y libertad de cátedra, con los apoyos materiales que le son indispensables para realizar su cometido y en un clima de recí­proca colaboración con los poderes del Estado, la sociedad de la que forma parte y el aparato productivo.

Con toda firmeza demandamos del Gobierno Federal la entrega inmediata de los 400 millones de pesos que ofreció a la Universidad Autónoma de Zacatecas, como apoyo extraordinario para atender el aumento en costos por prestación del servicio educativo y crecimiento de demanda ocurrido en los dos últimos años.

MORENA sostiene que Zacatecas sólo podrá alcanzar su pleno desarrollo si la mujer se incorpora integralmente al esfuerzo colectivo, en igualdad de condiciones que el varón y en todos los campos de la actividad económica, polí­tica, social y cultural.

Reconoce que sin la participación de la mujer en las luchas polí­ticas y sociales, no habrá democracia, progreso y justicia social.

Por ello mismo, declara enfáticamente que sus puertas estarán siempre abiertas a la participación de las mujeres que anhelan un cambio positivo de su condición social y una transformación a fondo de la injusta realidad actual. Y que empeñará todo su esfuerzo para lograr, en el menor plazo posible, que la igualdad jurí­dica garantizada a favor de las mujeres por las Constitución General de la República y la particular de nuestro Estado, se traduzca en igualdad de oportunidades y en igualdad de seguridades.

Asimismo, afirma que la protección del niño y de la madre debe ser elevada a polí­tica de Estado, pues no hay tarea más alta ni más digna de consideración.

En lo que toca a los jóvenes, MORENA afirma que no se trata de un sector más de la sociedad, sino de su fibra más sensible y, por ende, la que amerita depurada atención del Estado, de sus instituciones, de las universidades, de las escuelas y de la familia. Es necesario dejar de ver a la cuestión juvenil como un asunto que se agota en la procuración de empleo a los jóvenes, y no porque éste sea un logro menor sino porque es insuficiente. La polí­tica de y hacia la juventud –según lo plantean Cordera, Victoria y Becerra- obliga a la formulación de proyectos amplios, rigurosos y consistentes. Implica ligar, en una sola perspectiva, la cobertura social, la procuración del bienestar, la focalización de los programas de ayuda y capacitación, junto a una recuperación de la socialización juvenil en sus instituciones y un nuevo impulso de la cultura y la formación, de modo que los años de juventud dejen de ser un tiempo de falta de expectativa o de oportunidad, que no sean más el ámbito propicio del cinismo, de la demagogia, la marginalidad, la frustración, el abandono o la delincuencia, sino del tránsito intenso, de la aventura vital e intelectual, de la estimulación y de la creación, de la maduración y del crecimiento de los nuevos ciudadanos mexicanos.

Zacatecanos todos:

Optar por el cambio que la izquierda representa, es el camino. Es despertar de nuevo la esperanza en un México mejor y en una patria verdaderamente libre. Es terminar con la injusta distribución de la riqueza y el ingreso y su concentración en unas cuantas manos. Es recuperar el petróleo y la electricidad para ponerlos al servicio del paí­s. Es asestar un duro golpe a la escandalosa corrupción y frenar la entrega de los recursos y riquezas nacionales a corporaciones extranjeras. Es tener un trabajo decente, socialmente útil y justamente remunerado. Es vivir en paz, sin sobresaltos, amenazas y violencia, en un clima que propicie el desenvolvimiento armónico de las facultades fí­sicas, intelectuales y espirituales de todo ser humano. Es acabar con el analfabetismo y el recorte de recursos a la educación pública. Es tener acceso a la alimentación suficiente y nutritiva, la salud, la educación de calidad, la cultura, la vivienda decorosa, el esparcimiento y la sana recreación.

Más, como advertí­a un destacado revolucionario latinoamericano: “Nadie debe hacerse ilusiones de que puede conquistar una sociedad más justa sin luchar por ella”.

Firman el documento, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Zacatecas: Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano (Convergencia Democrática), Frente Social por la Soberaní­a Popular, Ciudadaní­a por la Revolución de las Conciencias (CIRECO), en su Encuentro 2012 A.C. Por un Cambio Verdadero.

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