Análisis Político
Por: Gabriel Contreras Velázquez
Mientras Manuel Espino -ex presidente del PAN y demócrata cristiano, cercano colaborador y fiel del ex presidente mexicano Vicente Fox- se unía a la campaña presidencial del candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, el pasado 22 de Mayo, los generales Tomás íngeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y Roberto Dawe González (todos ellos colaboradores de gobiernos priistas) permanecían detenidos bajo arraigo de la PGR.
Habían sido consignados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tras abrir una averiguación en su contra después de que algunos testigos protegidos declararan que aquellos generales mantuvieron nexos con el cártel de la familia Beltrán Leyva en los últimos años.
De esta manera se abrió una coyuntura política muy sensible. Las informaciones hablaban de que el general Tomás íngeles Dauahare había participado una conferencia sobre seguridad de la Fundación Colosio San Luis Potosí, apenas una semana antes de su detención, y fungía como asesor de Peña Nieto en materia de seguridad, tiempo atrás.
Unos días después, la SIEDO comienza una indagatoria por delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de colaboración para posibilitar la ejecución de este delito, incriminación con la que podrían alcanzar hasta 30 años de prisión estos personajes.
Más importante aun es el hecho que entre los datos que se dieron a conocer en los medios después de la detención se mencionó que el general Tomás íngeles -descendiente del memorable revolucionario Felipe íngeles- era el prospecto para ocupar la vacante de Secretario de Seguridad, en caso de que la Coalición Compromiso por México llegue a triunfar en las elecciones de julio.
Por su parte el general Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto se le relaciona directamente como asesor en seguridad durante el gobierno de Arturo Montiel, en el Estado de México. Posteriormente fungiría la misma labor, pero ahora en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla en Sinaloa durante el período 2005 â 2010; figura cercana al senador Manlio Fabio Beltrones.
Las detenciones provocan una percepción ambigua, ya que en este sexenio el uso de la justicia ha sido clave en tiempos electorales (tales como el michoacanazo, el hankazo y el moreirazo), y es precisamente que el arraigo de los generales se circunscribe en vísperas de un cambio de gobierno a nivel nacional.
Los indiciados forman parte de la designación priista del nuevo grupo encargado de la seguridad nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Conocen de primera mano el conflicto armado en que se ha convertido el ataque a la delincuencia organizada, y a decir de las averiguaciones realizadas por la SIEDO, también son pieza clave en la relación entre el Estado y los miembros de los cárteles.
Tal conducta del gobierno federal, cuyo objetivo âsegún los antecedentes- es utilizar la jurisdicción para concretar sus intereses, nos habla de una probable premisa con que el ejecutivo y su gabinete leen la sucesión presidencial: en el tema de la inseguridad los esfuerzos para evitar un carro completo priista en SEDENA no han de escatimarse.
La pregunta: ¿cuál es la urgencia o preocupación de Calderón para evitar dicha sucesión en SEDENA?, es apenas suficiente para entender que hay algo más grave de fondo. La reaparición en los medios (después de casi un mes de ausencia) de la procuradora Marisela Morales, así como la del ejecutivo federal, abren una serie de escenarios más complejos.
Por el momento los Estados Unidos ya se han desmarcado del asunto apenas hace algunos días. El martes 29 de mayo el diario The New York Times publicó un artículo en el cual sostiene que: âEl caso más grande de corrupción militar en años recientes, ha empeorado la ya de por sí fragmentada relación entre agentes y funcionarios federales estadunidenses con el Ejército de Méxicoâ.
âPara algunos (funcionarios) estadunidenses, los arrestos confirman la vieja preocupación âde la vulnerabilidad a la corrupciónâ del Ejército, que ha despertado otra vez preocupaciones sobre qué tan cercanamente está ligado al cártel (de los Beltrán Leyva).â
Por último, el rotativo neoyorquino menciona que âfuncionarios estadunidenses dicen que no está claro si hubo una urgencia oculta (por el arresto de los cuatro militares), o si la detención meramente refleja el alboroto en el Ejército en el preámbulo de las elecciones presidenciales del 1 de julio; y por la designación que haga el ganador de los comicios del próximo secretario de la Defensa Nacional.â
Para esta coyuntura hay un elemento que no debemos olvidar: el país vecino también se encuentra inmerso en elecciones presidenciales. Los Republicanos y Demócratas han entrado hasta terrenos judiciales para ganar votos. Prueba de ello es la investigación en Texas al ex gobernador Tomás Yarrington por narcotráfico, quien mantuvo relación con el ex presidente republicano George W. Bush.
A toda acción⦠múltiples reacciones.
-Â Â Â Â Â Â Â El movimiento #YoSoy132 sufre el escepticismo de una población que apenas hace un par de años decidió entregarle el poder al ânuevoâ PRI en el Estado. Aunque la clase política aun intenta deshacerse de la herencia de personajes simbólicos (como Ricardo Monreal), las identidades parecen fugaces en el clima político.
-Â Â Â Â Â Â Â El ejemplo es claro: Simón Pedro de León Mojarro, el perredista más perredista hace apenas algunos años, ahora es el priista más priista en todo Zacatecas. Diría José Fouché, en política âsiempre con la mayoríaâ. Pedro de León acusa al movimiento #YoSoy132 de nexos con los partidos de izquierda sin ninguna prueba a la mano.
-       En la misma línea, el movimiento #YoSoy132 acusó al gobierno del Estado de levantar un cerco de seguridad en contra de las manifestaciones durante la visita de Peña Nieto a Zacatecas. Las acusaciones sin fundamento tampoco, o sin un proceso legal apropiado abonan a sus reclamos por una democracia efectiva⦠Al parecer en Zacatecas las campañas siguen siendo de âoídasâ⦠Por cierto, ¿y el PAN?