Staff / MIRADOR

Zacatecas, Zac.-¿Qué paí­s produce marihuana de mayor calidad, Estados Unidos o México? Según el estudio “Si los vecinos legalizan…” del Instituto Mexicano para la Competitividad, realizado unos dí­as antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el paí­s del norte tiene una producción de mayor sofisticación en el tratamiento del THC (Tetrahidrocannabinol) –que es la sustancia activa de la marihuana- desarrollando un material de mayor potencia en la generación de efectos primarios y secundarios en el organismo humano.

A decir del estudio de IMCO, difí­cilmente este material podrí­a promover competencia con la marihuana mexicana de menor calidad, y por lo tanto de menor precio (que sólo varí­a según los kilómetros recorridos de la frontera mexicana hacia alguno de los Estados de la federación americana), y dejarí­a las puertas abiertas para la proliferación de productores de esta planta derivada del cannabis en los estados de Colorado y Washington, mismos que serí­an abastecedores en su propio paí­s.

Con esta nueva estructura de distribución de un producto que ha perdido su estatus de ilegalidad en los estados de Washington y Colorado, el suministro de marihuana en Estados Unidos cambia las reglas del juego de los cárteles del narcotráfico mexicanos, los cuales obtienen tan sólo por la marihuana 2030 de los 6050 millones de dólares anuales bajo concepto de traslado de drogas hacia el paí­s del norte.

Y no sólo afecta en los ingresos de los cárteles, también en los costos fijos que en el estudio son subrayados como sobornos, armas, nóminas, etc. y que son financiados con marihuana, no con dinero, lo cual provocarí­a un aumento de esos mismos costos, además de que habrí­a que buscar nuevas fuentes de ingreso para el pago de estos.

En la investigación, donde participa Alejandro Hope -ex CISEN- se marca la tendencia de que el impacto negativo en esos ingresos no es mayor que el impacto en mano de obra, ya que la marihuana es de las sustancias que se produce más intensivamente que cualquier otra sustancia que es tratada en menor porciones y en condiciones de laboratorio (en esos casos la mano de obra es menor, pero más cara).

Al mismo tiempo, en el documento se prevé un desplazamiento de los cárteles a otras drogas y actividades productivas (legales e ilegales), para subsanar la pérdida de ingresos que se genera al abrir la producción y venta para uso recreativo y medicinal a desarrolladores estadounidenses en su propio paí­s. Este argumento esgrime la lógica de los grupos criminales transnacionales, que si bien han sido identificados por monopolizar el trasiego y distribución ilegal de drogas a nivel internacional, también han abierto su gama de ingresos a todas las actividades ilí­citas que se conozcan actualmente, pasando por el contrabando, el cobro de piso, la extorsión, el secuestro, la prostitución y más de 20 labores y productos ilegales de donde obtienen sus ganancias.

En la parte polí­tica, el estudio indica que el gobierno federal de los Estados Unidos puede: acudir a los tribunales alegando inconstitucionalidad de las iniciativas (por invasión de las facultades), suplir a los policí­as locales con personales federal (para el control polí­tico de la producción y distribución), así­ como el hostigamiento selectivo a productores y comercializadores de marihuana. Y frente a los estados de Washington y Colorado, sus debilidades son: que no puede obligar a esos estados a utilizar recursos para perseguir a usuarios, productores y comercializadores; y no puede obligar a los estados a mantener la prohibición en su legislación.

En nuestro paí­s, a quien más afecta esta medida de legalidad es al Cártel de Sinaloa, el cual podrí­a perder hasta el 50% de sus ingresos, según los resultados de la investigación, así­ como al cártel de los Caballeros Templarios; y en menor medida a los demás ya que entran en una nueva dinámica en las relaciones sociales de producción de la marihuana.

¿Qué hacer en caso de legalización?

Frente a este nuevo escenario de venta y distribución de sustancias recientemente legales en algunos estados de la Unión Americana, los investigadores recomiendan al gobierno federal mexicano tres cosas: no entrar al tema de la legalización hasta que exista una postura definitiva de su par americano, lanzar programas de desarrollo alternativo en las zonas productoras (por todos aquellos campesinos afectados que dejen de plantar marihuana), y vigilar el potencial “tráfico de reversa”, o sea de Estados Unidos hacia México.

No olvidemos que el estatus de legalidad nace de una consulta en las urnas americanas, lo que indica una presión de ciertos sectores sociales estadounidenses hacia la inclusión en la producción, distribución y venta de marihuana en su paí­s, en condiciones jurí­dicas y mercantiles formales. La demanda es netamente ciudadana y mete en disputa al gobierno americano federal con los gobiernos locales de la Unión, presionando de manera directa la lógica interna de los grupos delictivos transnacionales en México.

Cabe señalar por último que esta iniciativa de la ciudadaní­a norteamericana sólo transforma la dinámica con que los cárteles operan, pero no atenta contra su vida promedio que se nutre de la corrupción.