UNO DE CADA CIEN DELITOS DENUNCIADOS SE CASTIGA: PGR

Staff / MIRADOR

Zacatecas, Zac.-De acuerdo a datos ofrecidos por la Procuradurí­a General de la República -a unos dí­as de estar en manos de Jesús Murillo Karam- de cada 100 delitos denunciados ante el Ministerio Público apenas el 20% se investigan, el 9% llega ante un juez y el 1% del total se castiga, siendo que los infractores se consignan por delitos menores.

Al mismo tiempo, los delitos vinculados con drogas han ido en ascenso. El consumo en un 20%, comercio 12% y posesión en 10%. Los números reflejan un incremento en el uso de sustancias tóxicas ilí­citas, lo cual indica claramente un crecimiento de la demanda, y por ende de la oferta de drogas en nuestro paí­s. Se podrí­a decir que hemos dejado de ser una región que exporta narcóticos, para entrar al margen de los paí­ses consumidores.

De la mano de la distribución y consumo de drogas, los delitos de: homicidios, secuestros, extorsiones, robo de autos y gasolina, piraterí­a, contrabando, tráfico de armas y de personas, entre otros, han tenido una mayor presencia desde el año 2000 a la fecha. El contexto dibuja en varias aristas la silueta del conflicto con que algunas regiones del paí­s dejaron de ser controladas por el poder del Estado, y pasaron a manos de estados “embrión”, los cuales con el monopolio del poder y la fuerza desplazaron al gobierno e impusieron sus propias reglas: las bandas del crimen organizado.

En buena medida, el desplazamiento del Estado en distintas zonas del paí­s también obedece a la falta de regulación y la aplicación efectiva de la ley. La corrupción es uno de los elementos fundamentales para que crezcan estados “embrionarios”, o grupos de poder alternos al gobierno y al Estado, y vayan adquiriendo el control polí­tico, económico y social de los espacios que ocupan.

El narcotráfico genera ganancias no sólo a las bandas del crimen organizado, sino que también es una fuente de empleo en diversas zonas rurales del paí­s. En algunos municipios mexicanos se puede presenciar un intenso cultivo de la marihuana, actividad que da de comer a una buena parte de jornaleros que pertenecen a esas comunidades originalmente.

Es por ello que hablar de más de 60 mil muertos en seis años de una lucha frontal a los grupos de la delincuencia organizada (estos pequeños estados “embrión” como llamaba la inteligencia estadounidense a los extremistas islámicos en el medio oriente, que funcionaban de manera parecida que los cárteles de la droga) no sólo es pensar en la cantidad de gente fallecida o desaparecida en este perí­odo de tiempo, sino de pensar que la corrupción y la pobreza son dos grandes retos a los cuales no se les ha dado respuesta, y como consecuencia se han degenerado en conflictos como los que vivimos hoy en dí­a.

Hace unos dí­as Periódico Mirador dio a conocer que en plena periferia de la capital se encontraron 5 cuerpos de personas jóvenes, de ambos sexos, con impactos de bala, y mensajes de grupos de la delincuencia organizada en el lugar donde fueron depositados. No son datos nuevos, ni una realidad desconocida para la población zacatecana.

El conteo diario no ha dejado de sumar cifras. Los enfrentamientos y las muertes generadas son ya conocidos por la población zacatecana. Entre las personas se cuentan testimonios de haber presenciado un levantón, una balacera, vehí­culos sospechosos, gente sospechosa, retenes de individuos que no pertenecen a ninguna corporación de seguridad, robo de autos, puntos de venta de droga, etc. Una realidad que ha transformado el panorama social como se conocí­a anteriormente, aquí­ y en todo el paí­s.

El sexenio de Calderón cerrarí­a con sendas averiguaciones abiertas en contra del mismo titular de la Secretarí­a de Seguridad Pública, Genaro Garcí­a Luna; dos averiguaciones previas contra el ex presidente Vicente Fox; averiguaciones previas contra los ex gobernadores de Tamaulipas: Tomas Yarrington y Eugenio Hernández; y averiguaciones previas por los enfrentamientos en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y en la zona de Tres Marí­as, donde agentes federales dispararon contra un automóvil que trasladaba personal de inteligencia estadounidense.

Un par de dí­as atrás, con la toma de protesta del nuevo presidente constitucional, Enrique Peña Nieto pareciera que se abriera un nuevo panorama para el ciclo de inseguridad que ha vivido el paí­s. En su mensaje buscó convencer a la ciudadaní­a de que era tiempo de que la tranquilidad fuera una constante en la vida de los mexicanos.

Muy distinto fue el mensaje que diera el gobernador constitucional de Zacatecas, quien al tomar posesión en Septiembre de 2010 encontró el inicio del fortalecimiento de las operaciones de las bandas del crimen organizando desplazándose de Aguascalientes, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Coahuila y Monterrey para “tomar la plaza” en nuestro Estado.

A inicio de su sexenio mandó al congreso las iniciativas de Ley de Extinción de Dominio, Ley Contra la Nueva Delincuencia y reformas al Código Penal del Estado; y la propuesta para la creación del Tribunal de Cuentas Públicas. Todas ellas con la finalidad de comenzar a atajar el problema de inseguridad que apenas asomaban en Zacatecas.

Hoy, a poco más de dos años de su gobierno, es que nos encontramos con las cifras diarias de asesinatos, decapitaciones, levantones, predios con restos humanos enterrados, etc. Ninguna de las leyes previstas desde el inicio del mandato estatal propuso una mayor cooperación entre las corporaciones de seguridad federales con las estatales para generar información de inteligencia que permitiera entender la problemática que vive nuestra población.

En la dimensión nacional, el ex secretario de Seguridad Pública Federal comparecerí­a ante el Congreso de la Unión y cerrarí­a su historia en el servicio público, informando que en su administración se han detenido a 128 mil 242 presuntos delincuentes, 3 mil 481 vinculados con organizaciones delictivas y 2 mil 226 secuestradores, además que se desarticularon 275 bandas.

Los datos no son alentadores cuando a la fecha, la lucha contra esas bandas sigue sin pies ni cabeza, y en los diarios se mantiene el conteo de muertes relacionadas con los grupos del crimen organizado.

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