*Olga Alicia Castro Ramírez
El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas asume que la gobernabilidad “…comprende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias.”
Por su parte, Antonio Comou, señala que “no es un Estado o gobierno lo que permite, por sí mismo, gobernar a una sociedad, ni tampoco es la sociedad en sí misma gobernable o ingobernable; más bien, es la relación compleja entre ambos términos lo que nos permite hablar de las condiciones de gobernabilidad….De este modo, gobierno y oposición, partidos y organizaciones ciudadanas han de comprometerse de manera conjunta a la hora de mantener un nivel aceptable de gobernabilidad.
Los anteriores razonamientos vienen al caso en virtud de la reciente publicación, el 10 de febrero, del decreto por el que se modifican, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral. Particularmente, cuando el debate en torno a la reforma se centró en una presunta defensa del Federalismo, dejando de lado importantes elementos de análisis en torno a las modificaciones hechas para garantizar la gobernabilidad democrática en nuestro país.
Las dos vertientes de la reforma, la política y la electoral, abonan en ello, o al menos esa es la pretensión, tienen que ver, no tanto con la modificación a las reglas de acceso a los cargos de representación, como sí con la forma del ejercicio del poder público. Esto nos remite a los primeros antecedentes en que nuestro país conoció la pluralidad política en una de sus máximas expresiones, cuando el partido en poder del Ejecutivo no tenía la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, es decir, a partir de 1997 la República hubo de acostumbrarse a la discusión pública de los grandes temas nacionales, que no siempre fueron acompañados por los legisladores cuando las soluciones se originaban en la Presidencia. Luego, cuando a la Presidencia de la República arribó un partido diferente al PRI, el PAN con Vicente Fox Quezada, fueron más evidentes las dificultades de interlocución entre ambos poderes. No teníamos tradición de construcción de acuerdos entre fuerzas políticas diferentes y eso lo padecimos todos. Tampoco podría ignorarse lo sucedido en Perú en 1992, cuando por la incapacidad de dialogo entre los poderes públicos, el entonces presidente, Alberto Fujimori, se alió con las fuerza federales y disolvieron el Congreso nacional.
La falta de diálogo y construcción de soluciones a los grandes problemas nacionales restaron muchas posibilidades de acción a los gobiernos de la alternancia. Eso lo entendió bien el gobierno actual y a escasos días de iniciada su gestión, el 2 de diciembre de 2012, el titular del Ejecutivo federal y tres de los siete partidos políticos –PRI, PAN y PRD- (después se sumó el PVEM) firmaron un documento denominado “Pacto por México”. El acto, amén del contenido, relevancia y alcance de los acuerdos, de suyo modifica la práctica política en el ejercicio del poder público. Representa un esfuerzo por integrar a las principales fuerzas políticas en la toma de decisiones en el quehacer gubernamental.
El documento contiene los compromisos básicos para la configuración de una agenda legislativa encaminada a la integración, discusión y aprobación de las reformas constitucionales y legales que, a juicio de los actores firmantes, son las más apremiantes para el país. Integrado por 5 grandes apartados que engloban los asuntos prioritarios, tanto de la agenda legislativa como del programa de gobierno. En
lo que importa a este escrito, debe resaltarse el Apartado 5, referido a los “Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática”, cuyas motivaciones resaltan que “La pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Esta pluralidad muestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, por lo que resulta indispensable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuerzas políticas se corresponsabilicen de la conducción del país y de sus problemas. Es necesario impulsar reformas que hagan más funcional al régimen político para darle gobernabilidad al país, ampliando y mejorando su sistema democrático”.
Aun cuando lo que más se ha destacado de la reforma tiene que ver con la modificación a las reglas del sistema electoral, no debe pasar por alto a los mexicanos que en la esencia lo que presenciamos, desde ya, es una nueva forma de negociación entre las fuerzas políticas más representativas del país; arribar a los acuerdos que hagan posibles los proyectos de gobierno, partiendo de los puntos más importantes de coincidencia. La solución que se ha encontrado para hacer posible que la pluralidad política del país no sea un obstáculo para su desarrollo ha sido el co-gobierno. Antes de ello, algunos estudiosos optaban por avanzar en la dirección del Parlamentarismo; otros más pragmáticos, veían en el control del Congreso federal (pasando por su merma, disminuyendo o eliminando la representación proporcional que es la vía de acceso privilegiada de los partidos minoritarios, o mediante la cooptación, la concertación y la acción coercitiva) la forma de hacer posible los planes gubernamentales de la administración federal en turno.
En el tintero se quedaron proyectos como la segunda vuelta, en cambio, en esta reforma se dio paso a los llamados “Gobiernos de Coalición”, que tienen dos lógicas de funcionamiento diametralmente opuestas, aun cuando se cruzan, al hacer a ambas dependientes de los acuerdos: el primero para la obtención del triunfo ante la exigencia de una mayoría absoluta (50 más 1% de la votación) y al segundo a obtener mayor legitimidad o respaldo ciudadano al incluir a más fuerzas políticas en el ejercicio del gobierno.
Finalmente, no debe perderse de vista que la modificación a las reglas electorales representa el piso básico para la construcción de acuerdos para el ejercicio del poder público; es decir, si todos están de acuerdo en las reglas de competencia, lo que de ellas resulte también deberá contar con el acuerdo, consenso y aprobación por parte de los contendientes, luego de lo cual se allana el camino para convenir, pactar, lo que resulte necesario para el desarrollo nacional.
*Vocal Ejecutiva de la Junta Local del IFE en Zacatecas
