Agenda Política
Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-La administración actual se destaca más por administrar, que por proponer y asumir el papel de gobierno frente a problemáticas naturales de su población y territorio. El perfil del gobernador es congruente con el de su carrera política. Es diligente a la hora de cumplir con su “trabajo” de gobernar, no se involucra en el desgaste de declaraciones (aunque sí se fastidia cuando la fuente le cuestiona temas que no ve necesarios abordar, pero al final recula). Gestiona recursos mayormente cuando estos son urgentes. Mantiene una relación cordial con el gobierno federal. Inclina su apoyo a los municipios gobernados por su más reciente partido. No se sale del guión, no gusta de romper el protocolo.
Lo cual es muy bueno si los gobernadores fueran meros funcionarios públicos detrás de un escritorio. Hipótesis que la historia contraviene.
Al día de hoy, el problema de la depuración de cuerpos policiacos en Zacatecas se encuentra desarticulado. Y cuando digo desarticulado no propongo un simple adjetivo. Intento poner una característica que refleja deficiencia, negligencia y discrepancia a la vez. Declaraciones del secretario de seguridad pública, declaraciones del fiscal estatal, declaraciones del encargado de seguridad pública, declaraciones del gobernador. Cada quien hace su “chamba”. Cada quien enfrenta el problema como puede, como lo entiende y de acuerdo a sus capacidades.
¿Y cómo no va a ser deficiente, negligente y discrepante, cuando se sigue al pie de la letra el manual sin intentar aterrizarlo a las condiciones particulares donde se gobierna?
Cuando el gobierno dice, palabras más, palabras menos: estamos haciendo nuestro trabajo y eso nadie nos lo reconoce, escucho un lamentable: nosotros hacemos las cosas como el ritus del reglamento nos lo indica, aunque ello no signifique, necesariamente, pertinencia de criterio y valoración del problema, que, no sabemos por qué, sigue apareciendo aunque lo intentemos resolver.
Como antecedente, y de acuerdo a los Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas 2013 y 2014, la seguridad pública se aglutinó en rubros como: Reclutamiento y Selección, Vinculación y profesionalización del personal sustantivo de instancias de seguridad pública, Atención a Centros Penitenciarios, Gestión Ejecutiva para el desarrollo de la seguridad pública, Seguridad Pública Estatal, Institución de Formación Profesional para personal sustantivo de instancias de seguridad pública.
En el documento oficial de este año que puede usted consultar en internet, la redacción manifiesta que: “La visión del Gobierno del Estado es ejercer una administración que aplique de forma integral mejores soluciones a los problemas recurrentes de la sociedad en la entidad, cumplir con las demandas que la población plantea y brinde seguridad integral a los zacatecanos.”
Lo mismo en el presupuesto de egresos de 2013, que en el de 2012 y 2011, la esencia de estos escritos con respecto a la materia de seguridad pública, propone razonamientos que reflejan la necesidad de la administración estatal de incrementar los recursos públicos destinados a las tareas que garanticen la seguridad, dentro de los límites jurídicos que le competen.
Esto es, la procuración de justicia y los delitos del fuero común, han sido los problemas inmediatos que la sociedad (en Zacatecas y en el país entero) presenta como urgentes, en el último lustro. Solicitud que el gobierno recoge y convierte luego en dinero aplicado a sus políticas de seguridad. Todo ello, diferenciando que para los delitos del fuero federal el gobierno estatal tan sólo es un coadyuvante, no el responsable. Sin embargo, dichas tareas de asistencia y colaboración son desempeñadas, sí, con el presupuesto estatal.
Hasta ahí todo muy claro. El problema es cuando el panorama se nos vuelve de cabeza. Tanto los municipios como el estado han cumplido, de manera ambigua (como los criterios en los que se apoya jurídicamente) con el nuevo paradigma de seguridad pública que vive el país. Depuración de policías, exámenes de control y confianza (desacreditados por los mismos policías quienes han acusado, en diversas ocasiones, le dan preferencia a personajes coludidos con el crimen organizado), mayor presupuesto para el equipamiento, mayor capacitación, mayor coordinación, y la novedad: el mando único.
El gasto está hecho y las diligencias realizadas, pero nadie sabe qué hacer ni qué decir, ante una cantidad continua de policías y ex policías que obtienen ingresos ilícitos participando en delitos del fuero común en la entidad. Robos, extorsiones y asesinatos, para empezar. Quienes pretenden un mayor lucro delinquen de acuerdo al fuero común.
Al revisar las notas policiacas en diversos medios locales y nacionales, llama la atención que quienes más participaron en actividades ilícitas, desde hace algunos años ya, no fueron las personas separadas de los cuerpos de seguridad por reprobar las valoraciones correspondientes. En su mayoría son policías en activo, con un sueldo base, prestaciones, información de la comunidad a la que “vigilan”, y en repetidas ocasiones, nexos con bandas criminales.
Ahora sí ¿propuestas?
