Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- Guillermo Huizar Carranza, secretario de la Función Pública en el estado, dijo respecto a la auditoría que se practica a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) que le llamó mucho la atención la reciente manifestación de varios agentes, reviviendo aquellas consignas, consignas e inconformidades en contra de la dirección general. Precisamente estas inconformidades las que dieron origen a la instrucción que dio el Ejecutivo, hace aproximadamente un año, para hacer una investigación en la dependencia.
Agregó que a la fecha se practican dos auditorías y fueron localizadas 13 observaciones, mismas que son visibles en la página de la SFP, mismas que fueron notificadas al director para que hiciera uso de su derecho de audiencia, uno de los tres que le ofrece la ley. Luego que las conoció llevó documentos, pruebas, alegatos y testimonios, mismos que fueron valorados y se concluyó que se resolvían 6 de los 13 señalamientos.
Por lo tanto, prevalecen 7 observaciones, conocidas por el propio director, y se encuentra haciendo uso de su segundo derecho de audiencia, y una vez desarrollada la audiencia de pruebas y alegatos, que será la próxima semana, última instancia del procedimiento para la segunda auditoría, la SFP tiene un plazo de 10 días hábiles para dictar la resolución.
Añadió que se ha notado en algunos actores de la sociedad desesperación, sobre todo dirigentes de partidos políticos y trabajadores de la DTTyV, lo cual es comprensible, pero son procedimientos largos y en ocasiones tortuosos. La experiencia nos ha dictado que si no se respetan estrictamente los tiempos y los derechos de los investigados, se corre el riesgo de que un juez federal o un tribunal colegiado afecte la legalidad de nuestra resolución, agregó el secretario. Por ello, no se puede adelantar ni retrasar un procedimiento que está regulado por la ley. Se tiene que respetar puntualmente para que tenga la solidez jurídica necesaria.
Dentro de las principales observaciones que no se han solventado por Agustín Jaime Ortiz Arellano, dijo el secretario de la Función Pública, están “una discrepancia evidente en la presentación de su declaración de situación patrimonial”, que no ha aclarado a satisfacción de la secretaría, una contratación y otorgamiento de beneficios a favor de trabajadores al margen del reglamento, la contratación eventual de una persona con una relación de parentesco directa y una cantidad importante de documentos que no pudieron ser acreditados, en cuanto a documentación comprobatoria.
Agregó que en caso de que no sean solventadas las observaciones, en la nueva Ley de Responsabilidades, a diferencia de la anterior, en donde había una parte muy amplia de discrecionalidad a la autoridad juzgadora, hoy la infracción está directamente relacionada con la sanción. Así, el catálogo de sanciones que prevé la ley inicia con una amonestación privada, en caso de una infracción leve, y termina en una destitución con inhabilitación por un determinado número de años para desempeñar cualquier cargo público, siendo esta la más grave en el ámbito administrativo.
Sostuvo que las observaciones aún no solventadas no son leves, pero dependerá de que se sostengan. Incluso, puede darse vista al Ministerio Público en caso en que las actuaciones pudieran tener algún viso de acto constitutivo de delito. Aclaró que en el ámbito penal la discrepancia evidente en la presentación de su declaración de situación patrimonial pudiera tener algo que ver con alguna forma de enriquecimiento inexplicable.
Agregó Huizar Carranza que solamente se tienen 4 procesos abiertos en este momento en materia de uso indebido de servicio público, pero ni por peculado o por cohecho hay procesos penales en Zacatecas, que son los delitos que más tienen semejanza con la corrupción.
Estos cuatro procesos no se han concluido y siguen avanzando, ya que se sigue citando a audiencias, hay alegatos y otros, pero es un procedimiento que lleva la Procuraduría de Justicia y no la SFP, “aunque el procedimiento se inició por denuncia presentada por nosotros”, señaló.
Uno de estos casos es Eduardo Ruiz Fierro, quien fuera oficial mayor durante el sexenio de Amalia García Medina, así como otros conocidos por la sociedad zacatecana, de manera que estamos a la espera de la sentencia definitiva que los absuelva o los condene de manera definitiva.
