Reportaje especial

• De 20 mil denuncias de violencia sexual, el 25 % son de estudiantes
• Pretenden reinstalar a Enrique González Ruiz, probado acosador en UACM

Por: Sara Lovera

-Primera parte-

SemMéxico.- Las universidades y escuelas de educación superior de México se han convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres: profesoras y alumnas viven violencia de género, hasta en el 49 por ciento de las alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señala que de 600 mil casos de delitos sexuales que se estiman, solo 20 mil llegan a la ventanilla judicial, de ellos más del 25 por ciento son denuncias de las estudiantes, es decir, más de cinco mil al año suceden en instalaciones y campus de universidades, principalmente.

La autoridades de educación superior son omisas, las leyes no se cumplen y los centros del saber tras décadas de análisis y estudios de género, siguen encubriendo a los agresores, no tienen protocolos de atención y se resisten a atender el problema.

De acuerdo a la investigación periodística de SemMéxico, al concierto de la indiferencia se suma ahora la Secretaría del Trabajo que busca reinstalar a los agresores, como el caso de Enrique González Ruiz en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; en la UNAM tras largo proceso, se acaba de aprobar una sentencia con nueve años de cárcel a un violador, caso único.

Las universidades privadas no prevén y eliminan espacios de análisis de género. No existen protocolos de atención adecuados a pesar del mandato Constitucional, la política del Gobierno Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin violencia.

Apenas hace tres semanas González Ruiz organizó un mitin para hostigar nuevamente a María del Carmen Rodríguez Sánchez y a Clementina Correa, quienes hace más de dos años se atrevieron a denunciar al “profesor” especialista en derechos humanos, quien sigue dentro del campus dando un seminario, no obstante haber sido claramente imputado de abuso por estas dos profesoras, caso al que se sumó uno más documentado.

En esa universidad están abiertos otros 11 expedientes diversos. Esta acción reiterada de re victimización se hace a la luz pública sin que las autoridades universitarias lo paren.

De acuerdo a una serie de cuatro publicaciones del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (2007-2011) con análisis y encuestas, como la de 2009, en esa universidad 49.3 por ciento de las alumnas, 34 mil 642, dijo haber sufrido algún tipo de violencia y hostigamiento.

En la Universidad Autónoma Metropolitana la profesora Mary Goldsmith, pionera de los estudios de género, dijo que la violencia sexual “es cosa de todos los días en los campus universitarios”, sin atención ni interés, más bien “con resistencia”.

Según Jenny Cooper, profesora jubilada de la Facultad de Economía, no existen procedimientos universitarios para atender, prevenir y castigar la violencia sexual contra profesoras y alumnas. No obstante que hace más de cinco años el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) hizo formalmente recomendaciones para armar protocolos desde la perspectiva de género y derechos humanos, en el que participó Cooper, pese a que se etiquetaron recursos para que las universidades locales hicieran esos protocolos.

Una investigación de Arturo Ilizaliturri, integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes, precisa que sólo cuatro de las 32 universidades autónomas locales tienen un procedimiento o protocolo para la atención del hostigamiento y abuso sexual. Encontró que ese protocolo tampoco existe en la UNAM y se estudia, apenas, en la UAM, éstas las dos más importantes universidades del país.

La abogada Andrea Medina, dijo a SemMéxico, que los protocolos debían ser claros y específicos, para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas en la práctica a convivir con sus agresores en la escuela, como el caso de la UACM al cuál ella le ha dado seguimiento.

La consultora internacional dijo que estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las denunciantes. El rector de la UACM, Hugo Aboites, ha desestimado el problema y no recibe a las víctimas que siguen recibiendo agresiones.

El caso de González Ruiz está ahora en la Junta de Conciliación y Arbitraje, obligada por las reformas de 2012 a tener en claro que está prohibido el hostigamiento desde los patrones y compañeros de trabajo, y que probado procede el despido sin reinstalación. Existe el temor de que la UACM “podría estar dispuesta a conciliar” y aceptar, en su caso, la reinstalación, lo que sería un mensaje gravísimo.

Una lucecita en el desierto

En el desierto de protocolos, acciones e interés, voluntad política y decisión sobre esta problemática, en 2011, nació la iniciativa “Cuerpos que importan” dentro de la UAM unidad Xochimilco, ahora programa institucional, que pone a la institución a la vanguardia, con un programa de prevención y promoción para evitar la violencia contra las mujeres, informó la doctora Guadalupe Huacuz Elías, responsable del programa.

Dijo que se ha conformado una red de Instituciones de Educación Superior, donde se discuten métodos de intervención y tratamiento de la violencia por motivos de género en las universidades públicas: protocolos de intervención, promoción de mecanismos legales, constitución de comités de ética, observatorios; en fin, todas aquellas acciones que den respuesta a esta problemática. Esto tras décadas, puntualizó Andrea Medina.

Las universidades con algún protocolo son la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. De esas, la Michoacana solo atiende los casos ocurridos dentro de sus instalaciones y la Autónoma de Quintana Roo no prevé atender al alumnado sino únicamente a trabajadoras.

Entre todas solo una de cada ocho incluye de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto, enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” y “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.