Beneficiarios de programas sociales quedan fuera de la Ley 3de3

Ley 3de3Zacatecas, Zac.-La legisladora zacatecana señaló que la corrupción, es la de uso o abuso del poder público para la obtención de beneficios privados. Nos encontramos en un momento en el que los recursos públicos y la información son utilizados discrecionalmente por quienes ocupan posiciones de mando, para obtener una ganancia compartida con su contraparte en perjuicio de terceros.

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta del Senado del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la diputada señaló: “Votamos a favor de las observaciones del Presidente porque clarifica que únicamente los servidores públicos estarán obligados a presentar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, así como evita que los beneficiarios de programas sociales, los becarios, entre otros, tengan que presentar declaraciones por el simple hecho de recibir recursos públicos”

Detalló que los diputados con su aprobación se manifestaron porque dichas observaciones contribuyan al mejoramiento de la Ley en el sentido de que no consideramos justo imponerles a los particulares éstas obligaciones que representarían una carga excesiva que no se encuentra prevista en la Constitución.

Subrayó que la preocupación por la que los grandes empresarios no estén obligados a presentar sus tres declaraciones, es falsa, ya que el Capítulo Tercero de la Ley aprobada, contiene sanciones por faltas de particulares que son de carácter económico, inhabilitaciones para participar en obras públicas e indemnizaciones por daños ocasionados, porque reconocemos que también desde la iniciativa privada, se realizan prácticas indeseables y lo ideal es contribuir a erradicar las malas prácticas.

La también integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, resaltó que el combate a la corrupción en las empresas, debe darse por una cuestión de principios y valores, en un ejercicio de coherencia hacia el interior y exterior, que influye sobre su clima laboral, la reputación y el valor de sus marcas, el posicionamiento en el mercado y la aceptación y valoración por parte de los clientes. Es mucho lo que en equipo debemos ir perfeccionando en legislación e implementación del sistema nacional anticorrupción, pues para que este funcione, requiere la participación activa de empresarios, servidores públicos y sociedad en general, finalizó.

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