Zacatecas, Zac.-La implementación del Nuevo Sistema de Justicia penal fue un desafío en materia de política pública, por los esfuerzos que requirió de todos, se trató de un cambio de paradigma, pues es claro que no podemos enfrentar el presente con leyes, mecanismo y procedimientos del pasado.
Su puesta en marcha implica un proceso continuo de aprendizaje y mejora, pero su consolidación sólo será posible con el concurso de todos los órdenes de Gobierno, los tres Poderes de la Unión, la sociedad civil y del mundo académico.
Así lo expresó la procuradora general de la República, Arely Gómez González, en el centro Eoodrow Wilson, en Washington D.C., ante el director del Instituto México Wilson Center, en una conferencia, en la que estuvieron también Layda Sansores, Miguel Sarré, María Novoa y el Embajador Anthony Wayne.
Comentó la procuradora que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en nuestro país la reforma constitucional más importante en materia de seguridad pública y justicia penal desde la promulgación de la Constitución de 1917.
Esta reforma obedeció al gran atraso que mostraba el sistema mixto de justicia penal pues se había llenado de vicios que habían lastrado su capacidad para cumplir su principal finalidad, procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial, respetando los derechos de las víctimas y de las personas acusadas, quienes tenían que pasar procedimientos excesivamente lentos y burocráticos que se volvían una negación de la justicia.
Asimismo, la falta de confianza de la sociedad en las instituciones de seguridad pública y de impartición y procuración de justicia, hacían urgente mejorar los mecanismos de combate e investigación de los delitos. Era necesario hacerlos más rápidos y efectivos para lograr una genuina reparación del daño y abatir la impunidad.
Esta reforma dio paso a procedimientos penales públicos y orales, además de que prevé mecanismos alternativos de solución de controversia a fin de hacer más ágil la impartición de justicia, pues los conflictos ahora pueden resolverse a través de la mediación y acuerdos.
Uno de los ejes de trabajo que establecí desde el primer día como Titular de la Procuraduría General de la República, fue la debida implementación del Sistema Penal Procesal Penal Acusatorio. Ese día, 3 de marzo de 2015 estábamos a un año 3 meses de tener terminada la implementación que era para el 18 de junio de 2016. Entonces, uno de los principales, de mis 4 ejes rectores fue el tomar la implementación de manera personal, para lo cual la Unidad de Implementación que existía en la Procuraduría General de la República se cambió al Titular en ese momento, entró el licenciado Rommel Manjarrez que todos ustedes conocen y pasó a depender directamente de la Oficina de la Procuradora, para que de esta manera pudiéramos agilizar los trámites y para que todas las áreas de la Procuraduría le dieran el apoyo necesario.
Debo hacer un reconocimiento a todas las áreas tanto centrales como las delegaciones que estuvieron trabajando y apoyando al maestro Rommel en la ejecución pues de este gran tema en donde faltaban 1 año, 3 o 4 meses para su conclusión. Un trabajo arduo, pero gracias al esfuerzo de todos los integrantes de la Procuraduría, se logró tener este avance.
Este, uno de mis ejes, se suman otros 3 ejes más, una procuración de justicia eficaz y eficiente que va de la mano con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el pleno respeto y defensa de los derechos humanos y un marco de transparencia y rendición de cuentas.
La reforma en materia de seguridad y justicia se vincula con dos reformas constitucionales, la primera relativa al juicio de amparo del 6 de junio de 2011, que fortalece ese medio de control constitucional al hacerse extensivo a casos de violaciones de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por ejemplo los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales.
Y la segunda, del 10 de julio de ese mismo año en materia de derechos humanos, mediante el cual entre otras cosas se introdujo el principio propersona como eje rector de la interpretación de las normas por parte de todas las autoridades de nuestro país.
La problemática que representaba la diversidad de criterios judiciales derivada de la dispersión normativa en los distintos estados del país, motivó una unificación legislativa. De esta forma el 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales en el cual se establecieron los procedimientos que han de seguirse para la procuración y la impartición de justicia penal en toda la república de manera homogénea, de norte a sur, de este a oeste.
En este sentido, con la finalidad de lograr un tránsito ordenado y eficiente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la Procuraduría General de la República, se diseñó un plan maestro de implementación tanto en los órganos desconcentrados como en las unidades centrales. Ese plan representó una política pública sin precedentes al interior de la institución, integrada por acciones estratégicas y tácticas para responder rápidamente a los retos urgentes.
La estrategia de implementación se estructuró por ejes temáticos tales como el marco jurídico, reorganización institucional, infraestructura, equipamiento, personal, capacitación, difusión y sistemas informáticos. Para ello se consideraron entre otros criterios la situación geográfica, la incidencia delictiva, la infraestructura penitenciaria y la operación previa del sistema a nivel local.
Así también se adoptó un modelo de gestión tipo al interior de la institución, el cual implica que los servidores públicos que conocen el caso desde un primer momento instruyan los actos de investigación que se requieran para sustentarlo. Así, como eventualmente formulen la acusación correspondiente con base en el análisis pormenorizado de todos y cada uno de los elementos probatorios que se vayan adhiriendo a la propia investigación.
Sumado a lo anterior, debemos destacar la importancia de la cooperación con el Poder Judicial de la Federación, en la que gracias a un esquema electrónico de comunicación que ha eliminado el burocratismo en el envío y recepción de solicitudes del Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional, se ha agilizado y facilitado el trabajo de ambas instituciones. Entre las solicitudes que viajan en tiempo real y que maximizan el trabajo, encontramos aquellas que tienen por objeto poner a disposición a las personas detenidas ante los órganos jurisdiccionales de control.
Por otra parte, derivado de los acuerdos de las conferencias nacionales conjuntas de seguridad pública y procuración de justicia son conferencias que agrupan las primeras a todos los secretarios de seguridad pública del país precedida por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad y la de procuración de justicia agrupa a todos los procuradores y es presidida por mí. Ahí se han logrado generar protocolos nacionales de actuación como instrumentos orientadores para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Uno de los protocolos que ha tenido mayor impacto es el relativo a la actuación de la policía como primer respondiente, es decir como primera autoridad en llegar a la escena de un delito en virtud de que ha permitido estandarizar la calidad técnica y administrativa de sus atribuciones.
Asimismo, con el compromiso de colocar a la ciencia al servicio de la justicia diseñamos el protocolo de actuación para los policías con capacidades para procesar el lugar de la intervención, como un instrumento que les permite realizar el procedimiento cronológico y técnico en la detección, preservación y conservación de los indicios mediante la aplicación de métodos y técnicas criminalísticas científicas.
En el ámbito de la capacitación se implementó un programa integral sobre el Sistema Penal Acusatorio que incluyó la definición de perfiles y unidades administrativas, para capacitar la generación de instructores internos, la actualización y especialización de operadores y la evaluación de impacto de la capacitación. Dicho proceso de capacitación se complementó con talleres interinstitucionales en cada uno de los estados con la participación de autoridades municipales, estatales y federales.
De igual forma, derivado de la colaboración entre esta institución y el Poder Judicial de la Federación se llevaron a cabo simulaciones de audiencias con el objetivo de que los operadores desarrollaran las habilidades necesarias para aplicar correctamente los principios de este nuevo sistema.
Además, en este proceso se ha contado con la invaluable colaboración de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mediante el programa de capacitación e implementación denominado transición e identidad al Sistema de Justicia Penal.
Un gran reconocimiento por todas las facilidades que nos ha dado, realmente han sido muy generosos con el gobierno mexicano y han escuchado todas nuestras necesidades para apoyarnos en este intenso trabajo de implementación.
A través de dicho programa se fortaleció la estrategia de socialización de la reforma penal y el intercambio de experiencias nacionales e internacionales.
Si bien la operación del Sistema Procesal Penal se encuentra en una etapa inicial, la Procuraduría General de la República ha logrado 12 sentencias condenatorias en juicios orales a nivel federal.
Asimismo, al 19 de julio de este año se habían dictado ya 945 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados, como una forma de determinación anticipada del proceso. Y se había obtenido 890 suspensiones condicionales del proceso.
Ahora bien, en aras de identificar una verdadera cultura de la paz, hemos empeñado esfuerzos en la consolidación de los órganos encargado del seguimiento y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, lo que pone en perspectiva la real importancia que tiene la mediación en los conflictos.
De acuerdo con la ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, la mediación, la consolación y la junta restaurativa permiten llegar a un acuerdo reparatorio entre las partes, es decir, ahora la justicia penal no solo se logra a través de la judaización de los conflictivos, sino a través del dialogo.
En lo que se refiere a casos de jurisdicción federal, se ha detectado que la conciliación es el mecanismo idóneo para la solución de conflictos derivados de daños a las vías generales de comunicación, robo de energía eléctrica, delitos ambientales culposos, por mencionar solo algunos ejemplos.
Tan solo en el marco del Sistema Procesal Penal acusatorias, hasta el momento se han contabilizado 103 acuerdos reparatorios. Además, hay que subrayarlo, estos mecanismo aseguran la reparación del daño.
Mediante su aplicación a la fecha, la Procuraduría General d la República ha obtenido a favor de las víctimas más de 18 millones de pesos por ese concepto. Sin duda alguna, estos datos son un indicador de éxito en el avance que tenemos en nuestro Sistema de Justicia Penal, que podemos decir, está recién nacido el 18 de junio de este año.
Como sabemos, cumplir con la implementación del proceso penal acusatorio en todo el país era apenas el primer objetivo en esa importante transformación. Sin embargo, estamos conscientes de que en lo sucesivo se requiere impulsar su consolidación y su legitimación, se requiere de que ya puesto el Sistema de Justicia, ahora se encuentre en una permanente transformación y evolución.
Como lo señaló el Presidente Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, las instituciones de procuración de justicia han emprendido un ambicioso proceso de modernización y restructuración interno para estar a la altura de dicho cambio.
En ese sentido se hará necesaria la generación de programas de supervisión y evaluación focalizados en los avances desarrollados durante la fase de implementación de la reforma constitucional.
Al respecto, es importante señalar que el pasado 17 de junio representantes de los tres Poderes de la Unión, suscribimos el acuerdo nacional para la evolución, seguimiento y consolidación del sistema de justicia penal, con la finalidad de mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional.
Lo anterior nos motiva a seguir fomentando la solidaridad y cooperación interinstitucional, así como con los diversos sectores académicos y de la sociedad civil organizada.
Es por eso tan importante el ahorita que tengamos esta platica y después que ustedes tengan este foro; todo esto nos retroalimentará de una manera muy positiva. Celebro este foro que estará por continuar.
Es el momento de traducir conceptos en realidades y hacer que los cambios en la ley sean cambios visibles en las instituciones.
Esto, sin lugar a duda, se vincula con otras reformas estructurales que se han materializado en nuestro país, como las leyes generales y federal de transparencia y acceso a la información pública, así como la creación el Sistema Nacional Anticorrupción.
Creo que la puesta en marcha de estas reformas estructurales, la de justicia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Trasparencia harán de México un México diferente en los próximos años ya que esté totalmente implementadas.
Las actividades de evaluación y seguimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio deben considerar múltiples acciones institucionales que van desde los proceso homologados de actualización y especialización de los operadores, hasta el involucramiento y estudio continuo de las recientes reformas legales que se han aprobado por el Congreso de la Unión.
Es necesario que las instituciones de procuración de justicia trabajemos de manera solidaria en detectar y atender deficiencias, corregirlas y avanzar en el perfeccionamiento del nuevo modelo para logar la consolidación del nuevo sistema.
A fin de generar una mayor certeza y garantizar la legalidad de las actuaciones institucionales, se hace necesario fortalecer las actividades de asesoría técnica tendentes a incorporar criterios solidos de operación y gestión diarias del Sistema Procesal Penal Acusatorio, tanto en las etapas preliminares del procedimiento penal, como en la etapa del juicio
Estos criterios de actuación requerían ser analizados a la luz de las nuevas reformas del Código Nacional de Procedimientos Pernales que derivan de la Miscelánea Penal recientemente publicadas, así como las diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y las leyes nacionales de Ejecución Penal y del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en cuya conformación participó intensamente la Procuraduría General de la República.
En el caso de las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada habrá que atender el diseño y puesta en práctica de herramientas para la generación de productor de inteligencia que contribuyan al diseño de acciones y estrategias de investigaciones contra los grupos criminales.
A la par, la modificación de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos exige replantear la interpretación de las actuaciones procedimentales, esto con la finalidad de brindar una mayor seguridad jurídica a las personas durante la investigación de un delito, tal es el caso de las entrevistas a los testigos y a las recompensas como actuaciones que no requieren autorización previa del Juez de Control.
Aunado a ello, se requiere dar continuidad al diálogo ya existente entre las instituciones de procuración e impartición de justicia, el cual contribuye a la correcta interpretación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia.
Entre los temas sustanciales se encuentra la asistencia jurídica internacional en materia penal, tema que requiere dejar muy claras las facultades y obligaciones de consulados y agregadurías como auxiliares del Ministerio Público en el marco de cooperación que se tiene, por ejemplo, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En el caso del esquema de comunicación electrónica, deberá hacerse extensivo a la colaboración existente con la Policía Federal y la asesoría jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual también generará canales ágiles de comunicación.
Por otra parte, se requiere impulsar la actualización y correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación por parte de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, ya que son instrumentos fundamentales para establecer los ámbitos de responsabilidad de cada autoridad y facilitan la interpretación de aquellas disposiciones ambiguas que se presentan en la legislación secundaria.
Por otro lado, tal y como lo establece el Programa Integral de capacitación sobre el Sistema Penal Acusatorio, los indicadores de desempeño laboral nos permitirán definir políticas de capacitación orientadas a la consolidación de habilidades operativas de los servidores públicos, mismas que les permitan resolver problemáticas muy particulares, como la investigación de delitos de carácter complejo y la justicia alternativa.
En conclusión, deben generarse mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación en las áreas que hemos comentado, pues la medición homologada de la operación de cada área involucrada en el nuevo Sistema Penal, permitirá conocer si los resultados de la reforma han sido satisfactorios en términos de la garantía de acceso a la justicia para los ciudadanos.
Incluso serán útiles para tomar decisiones más adecuadas, con base en datos e información fidedigna.
Es claro que aún persiste un desconocimiento generalizado del Sistema Penal Acusatorio; sin embargo, esta etapa de consolidación representa una nueva oportunidad para acercarnos a la gente mediante la socialización de la labor gubernamental, recobrar su confianza e incentivar una mayor participación e involucramiento de los ciudadanos.
Es indispensable impulsar acciones para fortalecer la correcta operación de nuestro sistema, pero también conseguir que sus contenidos sean cada vez más visibles para la ciudadanía.
Sostuvo la procuradora que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia penal fue un desafío en materia de política pública, por los esfuerzos que requirió de todos, se trató de un cambio de paradigma, pues es claro que no podemos enfrentar el presente con leyes, mecanismo y procedimientos del pasado.
Su puesta en marcha implica un proceso continuo de aprendizaje y mejora, pero su consolidación sólo será posible con el concurso de todos los órdenes de Gobierno, los tres Poderes de la Unión, la sociedad civil y del mundo académico.
Sin duda éste es uno de los cambios más importantes emprendidos en materia de justicia en los últimos 100 años. Para lograr un verdadero impacto en la sociedad, cualquier reforma legal debe traducirse en acciones concretas de las instituciones.
De eso se trata, de que la gente en el día a día, cuando se hable de fortalecimiento de Estado de Derecho, pueda visualizar los esfuerzos de miles de servidores públicos que hacen una diferencia a través de acciones específicas.
Gracias al espacio que me han permitido tener con ustedes y gracias a la presencia de Andrew Selee, Vicepresidente del Wilson Center, de Daniel Hernández Joseph, Jefe de la Cancillería de la Embajada Mexicana, quien también estuvo presente en la conferencia, así como de Erick Olson, ha sido importante.
“Gracias a todos ustedes hemos podido tener esta reunión que permite a México, a la Procuradora General de la República, transmitirles qué fue lo que se hizo a grandes rasgos a raíz de las reformas constitucionales, a raíz de la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto como Presidente de la República y su gran compromiso con la implementación y no querer posponerla ni un día, pero estamos aún en una etapa inicial y nos falta un gran camino por recorrer, pero estamos preparados y todos con la voluntad para sacar este tema adelante que cambiará la vida de los ciudadanos, si es bien aplicado, tendrán una justicia mejor”, concluyó.
