Tutores de menor asesinada tenían valoraciones idóneas de Procuraduría y TSJEZ

Zacatecas, Zac.- El responsable de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familias, Manuel David Pérez Navarrete informó que los tutores de la niña de cinco años asesinada, sus presuntos feminicidas, tenían las valoraciones psicosociales idóneas para obtener su custodia, emitidas tanto por personal de psicología de dicha Procuraduría como del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

Hizo un recuento del proceso de autorización de la custodia de la pequeña y mencionó que fue recibida en la Procuraduría en el año 2015 luego de que fuera recogida a su madre biológica por abandono y maltrato constante.

Señaló que “las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor en ese entonces, es muy similar a lo que venimos realizando hoy en día, es tener a la vista y a la mano las valoraciones y diagnósticos de los familiares que pueden resultar idóneos, en en esos momentos, para una reintegración.

Agregó que obviamente, salvaguardando este derecho de vivir y desarrollarse en familia, se  presenta el tío materno en conjunto con su esposa, como matrimonio a solicitarla y al término de estas valoraciones, del diagnóstico psicosocial, que consiste en una valoración psicológica y de una investigación de trabajo social y se emite el diagnóstico de que cumplen las circunstancias viables e idóneas para una reintegración, por lo que la titular en ese momento, emitió una reintegración, que es un proceso administrativo.

Dijo que se procedió a entregar a la menor a su tío materno y su esposa para garantizar su desarrollo, de manera inmediata, en los meses de enero- febrero del año 2016; de ahí inicia el procedimiento jurídico ante el TSJEZ, el que a través del juez de distrito, se realiza una visita al domicilio por parte de la Procuraduría del DIF para ver cómo se encontraba la niña.

Refirió que en esta visita se desprende que se encuentra en buenas condiciones y existe evidencia fotográfica de esta visita de seguimiento, posteriormente, son los municipios los que tienen la la obligación de poner un delegado de Procuraduría.

Comentó que en el momento en que se inicia este procedimiento, en el año de 2016, en el Tribunal Superior de Justicia y se nombra un tutor jurídico familiar, y este tutor, es designado por parte del instituto de las Mujeres de Sombrerete.

Este tutor, durante el seguimiento jurídico, haría que se respetaran los derechos de esta niña que se pretende, determine una autoridad judicial, una resolución favorable de una custodia. Mientras tanto, la autoridad judicial realiza sus propias valoraciones en el CECOFAM, que depende del TSJEZ y durante los primeros meses de 2017, se emite una sentencia declarando la custodia de esta niña a favor de este matrimonio.

Luego de ese procedimiento, dijo, la Procuraduría ya no hace ninguna visita de seguimiento, ya que el matrimonio y la niña nunca estuvieron solos, ya que durante el proceso, hasta que se dicta sentencia, ya no existe el seguimiento por parte del Tribunal ni de ninguna institución, ya que la sentencia se refiere a que existe una viabilidad por parte del matrimonio que está solicitando o de la persona que solicita la custodia y fue el juez quien emite esta sentencia al respecto.

El procurador Pérez Navarrete explicó que “nosotros somos los responsables de hacer la entrega y la reintegración de los niños y las niñas a los matrimonios y familiares a los que se les está entregando, además, reitero, se hizo un trámite jurídico por parte del Tribunal Superior de Justicia que es la autoridad responsable de emitir la sentencia”.

Cuestionado respecto a si hubo omisiones de parte de la Procuraduría del DIF, sería un criminólogo el que podría determinar si existieron o no al emitirse algún dictamen por parte de los profesionistas adscritos a esta instancia en el 2015.

Por último dijo que al igual que todas las personas, “como institución, como ciudadano poder manifestar que esta situación es un hecho totalmente reprobable y que debemos seguir uniendo esfuerzos, juntos, las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades que estamos al frente de instituciones para la protección y defensa de derechos, es un llamado para que todos y todas  sigamos en esta suma de esfuerzos y no permitir este tipo de circunstancias”.

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