Con el fin de proteger y salvaguardar la vida de niñas, niños y adolescentes ante la ola de violencia por la que atraviesa el país, la senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar el Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para tipificar el reclutamiento de estos por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que en México se estima que actualmente al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes forman parte de estructuras de la delincuencia organizada en México, y que alrededor de 250 mil se encuentran en riesgo de ser reclutados como lo han documentado diversas Organizaciones No Gubernamentales.

En este sentido, dijo, resulta necesario y urgente tipificar de manera expresa el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada, con el fin de visibilizar esta práctica, sancionar de forma adecuada a quienes la cometen y dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces para su prevención y erradicación.

“El Estado mexicano enfrenta un reto ineludible: garantizar las libertades y los derechos de la ciudadanía, preservar el orden y la paz pública, y colocar en el centro de su actuación el interés superior de la niñez y la adolescencia. Erradicar estas prácticas criminales y anteponer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no es una opción, sino una obligación constitucional y ética que debe atenderse con urgencia”, mencionó.

Por ello, explicó que su propuesta plantea adicionar un Capítulo XI al Título Octavo denominado “Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo como miembros de la delincuencia organizada” al Código Penal Federal.

Lo anterior, para establecer el incremento de las sanciones hasta en un tercio cuando se hayan utilizado conductas delictivas tales como el secuestro, la tortura, la extorsión, tráfico de menores; cuando se trate de una persona menor de 12 años; o cuando se aprovechen de la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, tales como; la violencia en el entorno familiar, la pobreza, marginación, abandono, migración y/o que pertenezca a un pueblo originario, comunidad indígena o afromexicana.

Y en el caso de que el delito sea cometido por algún servidor público, además de imponerse las multas del artículo 209 Septies y 209 Octies, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Mientras que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se tipifica el delito de reclutamiento de menores.

“Hoy, alzo la voz por las niñas, niños y adolescentes que han sido reclutados por el narcotráfico. Hoy, condeno uno de los actos más inhumanos que se cometen en contra de nuestras infancias, nuestras familias y nuestra sociedad”, expresó la legisladora al presentar la iniciativa a la Comisión Permanente.

Al fundamentar la propuesta Geovanna Bañuelos señaló que cada vez es más frecuente la desaparición forzada de jóvenes para recluirlos a los grupos de delincuencia organizada.

Estos grupos se aprovechan de factores como la pobreza, la marginación, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, la inseguridad, el tráfico de menores, la explotación infantil y la difusión de la narcocultura.

“En esos contextos, el narco se presenta como falsa alternativa: promete dinero, pertenencia, protección o poder, cuando en realidad ofrece explotación y una expectativa de vida brutalmente corta”, mencionó la legisladora.

Geovanna Bañuelos reconoció que durante años, este fenómeno ha sido invisibilizado o tratado de manera fragmentada. “Las leyes existentes han sido insuficientes para nombrar con claridad la conducta, para sancionarla con la severidad que merece y, sobre todo, para reconocer a las niñas, niños y adolescentes reclutados como víctimas y no como criminales”.

Y advirtió que es completamente inadmisible que Sonora, Estado de México y Zacatecas, sean los estados donde se han registrado más personas adolescentes que fueron privadas de la libertad y que fueron involucradas por la delincuencia organizada como ha documentado la Red de los Derechos de la Infancia en México.

“Como senadora de Zacatecas no soy indiferente ante esta realidad. Cuando una organización criminal recluta a un menor, no sólo la convierte en instrumento de violencia; le arrebata su derecho a la niñez, a la educación, al juego y esparcimiento, a soñar y alcanzar un futuro distinto”, concluyó.