Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 17 nov 11 (CIMAC).- La posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gane la Presidencia de México representa una amenaza al Estado laico debido a su “vergonzante” relación con la jerarquí­a católica, que se hizo evidente con las reformas constitucionales que en 17 estados penalizaron el aborto.
Así­ lo señalaron diversas especialistas en el tema durante el foro “Estado laico y derechos sexuales y reproductivos: desafí­os actuales y agenda polí­tica”, que hoy se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurí­dicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias (Femu), señaló que la cercaní­a del PRI con la jerarquí­a católica pone en riesgo la laicidad del Estado, pues la apuesta del clero es integrar al Estado y la Iglesia para imponer una sola moral.
Este camino avanzado de los priistas, desde su dirigencia nacional, ha utilizado los derechos de las mujeres como “moneda de cambio”, y el ejemplo más claro son las reformas constitucionales llevadas a cabo en 17 estados, de los cuales 10 estaban gobernados por el PRI, 6 por el Partido Acción Nacional (PAN), y uno por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mencionó la académica de la UNAM.
En esas entidades, “los obispos le hablaban a los gobernadores, éstos le hablaban al presidente del Congreso, les mandaban el texto del cual en algunos casos no hubo siquiera primera lectura, les dieron un ‘albazo’. Y en esas condiciones, el PRI, fundamentalmente, abdicó de su origen revolucionario y pactó los derechos de las mujeres, aceptando la criminalización de ellas”, acusó Galeana.
Aunque hubo legisladores de otros partidos que también aprobaron estas “reformas acientí­ficas que equiparan un óvulo fecundado con una persona”, abundó la historiadora.
Patricia Galeana criticó que los derechos sexuales y reproductivos no estén en la agenda polí­tica de ninguno de los posibles candidatos: “Han guardado profundo silencio, les interesa quedar bien con la Iglesia, así­ que los que puedan seguirán promoviendo la criminalización de las mujeres”.
La injerencia de la Iglesia católica no sólo se reduce a influir en los actores polí­ticos, pues la cúpula misma, contraviniendo la Carta Magna, indica a la feligresí­a por qué partidos votar y por cuáles no, además de propiciar el fanatismo en contra de quienes promueven los derechos de las mujeres, sobre todo los sexuales y reproductivos.
Muestra de ello, dijo, son las recientes declaraciones del cardenal Norberto Rivera en el Semanario desde la Fe, donde sentenció que “el aborto debe ser castigado como el peor de los homicidios, que la sociedad que lo acepta es una sociedad enferma, que no existe el aborto terapéutico. Y por último, que no hay que hacerle caso a la Constitución sino a las leyes de Dios”.
En el foro, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones y consejero electoral del Estado de México, señaló que el discurso de la Iglesia reactivado con la “vieja ultraderecha”, como Provida y el Yunque, es imponer una “una moral única, un pensamiento único”.
El también periodista añadió que en ese contexto, la “debilitada” clase polí­tica “de manera vergonzante e hipócrita ha recurrido a la jerarquí­a católica para legitimarse; vemos a Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Felipe Calderón, y Josefina Vázquez Mota, ávidos de tener relaciones con la Iglesia”.
Advirtió que la clase polí­tica está en riesgo de “clericalizarse”, por lo que en sí­ misma representa una amenaza al carácter laico del Estado mexicano. El PRI, y en especí­fico Peña Nieto, es ejemplo de la cercaní­a con la jerarquí­a católica, pues su unión se ha fortalecido desde hace cinco años con miras al proceso electoral de 2012. Ahora “más que obispos priistas son obispos peñistas”, ironizó.
AGENDA POLíTICA
Marta Lamas, profesora investigadora del PUEG, consideró que en el marco de la agenda polí­tica electoral 2012 “no es posible llevar la despenalización del aborto como una propuesta, porque ningún partido quiere colgarse esa etiqueta”.
Aunque, observó, es posible demandar el aborto con medicamentos para las mujeres que tienen acceso legal a interrumpir su embarazo por las causales de no punibilidad establecidas en los códigos penales de sus estados. Para lograrlo, dijo, hace falta voluntad polí­tica y un gobierno comprometido con el respeto a la laicidad.
Galeana refirió que si el PRI busca reivindicarse por echar atrás los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 17 estados, puede tomar en su agenda electoral la aprobación de una reforma al Código Penal federal en la que se especifique el acceso a servicios de aborto legal por las excepciones permitidas hasta las 12 semanas de gestación.
Marí­a Consuelo Mejí­a, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que es necesario hacer alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y del movimiento de mujeres y feminista, para defender la laicidad del Estado, sin la que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no es posible.
La antropóloga añadió que la participación de las diversas OSC es fundamental, ya que la defensa del Estado laico es por consolidar la democracia en el paí­s y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas. La participación debe ser a través de la movilización social, la actuación polí­tica y el debate público.
Martha Tagle, ex legisladora y activista feminista, informó que las mujeres organizadas en el paí­s conformarán una agenda mí­nima en la que exigirán a los candidatos a la Presidencia el respeto de los derechos de las mexicanas en obediencia a la laicidad del Estado. Y en el caso de quienes se consideren progresistas, demandarán mayores avances en temas como la participación polí­tica.