Denuncia contralora municipal irregularidades en Sombrerete

Zacatecas, Zac.- Carina Pérez, contralora municipal de Sombrerete, informó en conferencia de prensa en la capital del estado que “la corrupción es, sin duda, uno de los males más severos que enfrentamos en la ciudadanía y sus consecuencias son catastróficas; en el peor de los casos puede llegar a costar vidas y en los casos menos graves cuesta la salud, el desarrollo y la riqueza de un pueblo.

La corrupción debilita la democracia, socava la confianza de los ciudadanos y sus instituciones, compromete el estado de Derecho y da pie a violaciones de derechos humanos, además de que distorsiona los mercados e impacta terriblemente en la calidad de vida, especialmente en los más pobres, pues reduce la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos”.

Dijo que en los procesos de compra gubernamentales la corrupción crea distorsiones en el proceso de toma de decisiones y en el funcionamiento del mercado y libre competencia, y esto puede ocurrir en diferentes niveles, desde el soborno relacionado con los procesos de compras gubernamentales hasta el favoritismo en el diseño de políticas públicas.

“En este contexto las medidas, aunque parecieran extremas, tomadas por el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Orador son muy claras: combatir y desterrar la corrupción, el nepotismo, la contratación de familias dentro del gobierno en cualquier nivel y la eliminación de los gastos excesivos.

El derecho de los ciudadanos a saber cómo y en qué se gastan los gobiernos, pero, sobre todo, esa gran cruzada contra la impunidad, que mantiene sometido al Estado Mexicano al imperio del soborno, los moches y los acuerdos en lo oscurito”.

Agregó que, de acuerdo con esta visión, desde su nombramiento como contralora municipal, el 18 de septiembre de 2018, trató de cumplir con los ordenamientos legales que le competen, solicitando al presidente municipal, Manuel Alan Murillo Murillo, la asignación del personal calificado y con la asignación adecuada para dar cumplimiento al ordenamiento legal competente, donde se señala que la contraloría deberá contar, por lo menos, con las áreas de auditoría, quejas y denuncias, así como de control de obra pública y responsabilidades, además de que dentro del área de responsabilidades deberá contarse con autoridades investigadoras.

Agregó que dicha petición se hizo por las vías legales, llegando incluso a solicitarse el apoyo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), del Congreso “y de cuanta autoridad consideré competente para que se hiciera valer el Estado de Derecho que debe regir en las administraciones municipales, pero con esta limitación el equipo de trabajo de la dependencia a mi cargo, entregó en tiempo y forma los informes trimestrales a que nos obliga la Ley Orgánica.

En ellos se refleja que, pese al discurso mediático que aduce el presidente de que hay un manejo racional de los recursos públicos, a la fecha la nómina cuenta con 796 trabajadores, de los cuales casi 200 han sido contratados por su administración, pues utilizó la presidencia municipal como agencia de colocación”.

Los salarios asignados le cuestan al municipio un millón de pesos por quincena de la nómina total, y no conforme con mantener una nómina abultada se ha detectado que por compromisos políticos se tienen asignados personajes comisionados por las comunidades sin que haya un control sobre las actividades que en beneficio del municipio realizan, sin horarios, informes o supervisión, advirtió la funcionaria, “a este tipo de trabajadores a los que llamamos normalmente aviadores.

“De entre ellos, destacan dos casos en particular, el de Edgardo N y Alicia N, quienes tienen domicilios en la capital del estado y en los lugares donde dijeron trabajar no los conocen”.

Por otro lado, mediante denuncia ciudadana, “la contraloría conoció de la irregularidad en el nombramiento de dos funcionarios de primer nivel en la administración municipal, el de Jaime N, director de Desarrollo Social, cuñado político del presidente municipal, y Araceli N, quien se desempeña como tesorera y también es cuñada política del alcalde.

Sus nombramientos contravienen lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se señala que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte o pretenda obtener, por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprometido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante empleos para su cónyuge, parientes o socios”, aclaró Carina Pérez.

Puntualizó que en este punto ha encontrado cerrazón en las autoridades municipales, “y aunque es un tema que pudiera resolverse como una atribución de la Contraloría municipal, no se puede llevar a cabo el procedimiento, pues éste órgano de control no cuenta con la estructura orgánica para realizar el debido proceso”.

El asunto ya fue turnado a la Legislatura del estado, a la ASE, pero se le refirió que sería abordado el tema hasta que se auditara el ejercicio fiscal de 2018, “lo que nos lleva a pensar que esta revisión, en consecuencia, la observación la estarían realizando en 2020 o 2021.

Con argumentos leguleyos afirman que no se trata de nepotismo, pues los grados de consanguinidad no corresponden con el presidente municipal, lo cual es verdad, pero olvidan que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas ya no marca grados y en este caso son cuñados de la cónyuge, lo que inevitablemente nos lleva a concluir que está incurriendo en una falta administrativa”.

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