Diego Valadés Ríos, abogado, jurista e investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fotografía: Elizabeth Ruiz/AMC.

Zacatecas, Zac.-Una constitución debe ser una disposición para ciudadanos, no para abogados, y mucho menos para las burocracias. Debe ser un texto que todos podamos leer, entender y exigir. Las constituciones son para los ciudadanos, por eso deben estar escritas en un lenguaje para toda la población.

“Cuando digo que nuestra Constitución Mexicana está hecha para abogados y burócratas me refiero a la terminología y la estructura. Las leyes, sobre todo algunas, son para que las apliquen los abogados, los jueces, los administradores públicos, pero deberían ser entendidas y defendidas por todos los ciudadanos, porque contiene nuestros derechos”, dijo Diego Valadés Ríos, abogado, jurista e investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM).

Valadés Ríos se ha dedicado, en la línea del Derecho Constitucional, al estudio de los fenómenos del poder y sus interacciones “buscando los errores y los aciertos en los diseños constitucionales. No sólo la parte abstracta de la construcción de las instituciones, sino cómo funcionan en la práctica”.

Junto con otros investigadores del IIJ-UNAM ha venido insistiendo desde hace tiempo en darle estabilidad a la constitución y además mejorar su aspecto, su redacción, y contribuir a mejorar su contenido. “En lo estrictamente formal, la Constitución Mexicana presenta muchos déficits que pueden corregirse”.

Recordó que hace unos años se hizo un planteamiento presentando un modelo de una constitución reordenada. “Pensamos que el centenario de la Constitución, en 2017, pudo haber sido un buen momento para que se adoptara, como política del Estado Mexicano, la reordenación de la Constitución, el cual no es con fines estéticos, ni con propósitos técnicos, esto es con una clara intención de contribuir a la cultura política y jurídica del país”.

Conocer la Constitución

Y esto es importante porque la cultura constitucional en el país cada vez es peor, hoy la mayor parte de los mexicanos desconocen sus derechos. “Y lo que vemos es que optan por la manifestación pública, por la exigencia en la vía pública —a la que por supuesto tienen derecho— de resarcimientos, acciones de bienestar, acceso a la justicia, etcétera, porque no conocen la Constitución y no saben que tienen otras opciones. Muchas veces se hacen planteamientos desestructurados desde el punto de vista jurídico, porque no hay ni conocimiento, ni confianza, ni adhesión espontanea a la Constitución, eso es lo que queremos corregir”, agregó.

Diego Valadés, miembro de El Colegio Nacional y ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura 2019, en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, dijo que se tiene una nueva oportunidad en 2024, año en que México cumplirá 200 años de vida constitucional, considerando que nuestra primera constitución fue la Constitución Federal de 1824, “espero que esta oportunidad no se deje ir. Hasta ahora no hemos encontrado eco en el ámbito público, ni en los partidos políticos, ni en los responsables o titulares de las instituciones que toman decisiones”.

El IIJ-UNAM realizó encuestas sobre cultura constitucional, la primera se hizo en 2002 y la segunda en 2015. Lo que registraron, a lo largo de esos trece años, fue una disminución en el número de personas que declararon conocer la Constitución Mexicana. Bajó, por ejemplo, del 45% en 2002 al 25% en 2015, en menos de lo que corresponde a una generación, más de la mitad de los que conocían la Constitución dejaron de hacerlo. En 2015, sólo una cuarta parte de los mexicanos, es decir, uno de cada cuatro conocía la Constitución.

“El conocimiento de la Constitución Mexicana no es un ejercicio estrictamente cultural, es un ejercicio político, de convivencia; y también es un ejercicio de afirmación personal. En 1917, tuvimos una Constitución con un fuerte contenido social, que se hizo muy claro en la presidencia del general Cárdenas y en los siguientes 20 años de vida de la Constitución, porque los mexicanos conocían la Constitución y exigían su cumplimiento. Y por eso vimos que se multiplicaron las acciones de reparto agrario, de formación de sindicatos, de exigencia de salarios; el ejercicio de los derechos no puede darse sin el conocimiento de los derechos”.

Urge el reordenamiento

“En este momento resulta confuso leer la Constitución y uno puede quedar con muchas dudas e incógnitas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, es un órgano autónomo, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo, ambos están en el capítulo del Poder Judicial. Esto se debe a que cuando se fueron generando diferentes instituciones y no se supo dónde ponerlas, las pusieron en el primer lugar donde se les ocurrió, y las pusieron mal. Esto tiene una consecuencia tremenda. Todos exigimos, en un Estado de Derecho, que se cumpla la Ley, pero cuando la Constitución del país, que es la Ley Suprema, nos dice que la Fiscalía General de la República forma parte del Poder Judicial de la Nación, no está diciendo una mentira”.

De acuerdo con el investigador, existen otros ejemplos como el del Banco de México, los ferrocarriles nacionales y el sistema telegráfico que se encuentran en el capítulo de derechos humanos. Es decir, la Constitución se va haciendo ilegible e incomprensible, entonces “no podemos pensar en estructurar un Estado de Derecho serio a partir de una Constitución que ha perdido seriedad. Es un gran camino por arreglar, queremos ayudar”.

Hizo un llamado a poner en orden la Constitución, ya que estos errores han sido producto de una mala técnica de la construcción de la Constitución a lo largo de 100 años, “no le vamos a echar la culpa a nadie”.

Para Valadés Ríos, es necesario tener una constitución más ordenada, más compacta, “puede decir lo mismo sin tantas especificaciones, hemos llegado a tal punto que, por ejemplo, en materia de partidos políticos está establecido que los spots sólo pueden durar 20 segundos, si duran 21 o 19, son inconstitucionales, y si queremos cambiar la duración, es necesario reformar la Constitución, es ridículo lo que hemos hecho con la Constitución”.